VARIAS decenas de miles de personas se congregaron ayer en Altsasu para denunciar la evidencia de que en absoluto responden a criterios de estricta justicia las condenas de hasta trece años de cárcel decretadas por el altercado nocturno en un bar ocurrido en octubre de 2016 con la implicación de dos guardias civiles que resultaron agredidos. En primer lugar, porque la instrucción del caso se ha orientado, ante la contumacia de la Fiscalía, a un fallo nada menos que por terrorismo, a pesar de la banalización del término que ello conlleva, y de ahí que se juzgase en la Audiencia Nacional. Se trata, en consecuencia, de un proceso viciado desde su misma raíz, en tanto que nunca debió sustanciarse en ese tribunal. Así quedó acreditado al no contemplarse en primera instancia, como tampoco en apelación, ni la generación de un estado de terror ni la subversión del orden constitucional. Ese fue, precisamente, el argumento principal de la Sección Primera de la Audiencia de Navarra para abogar por la devolución de la causa al juzgado natural de Iruñea, solicitud denegada por el Supremo. Lo desorbitado de las condenas pese a no mediar el delito de terrorismo constituye el segundo elemento de notoria injusticia de este caso, en palmaria vulneración del principio de proporcionalidad consagrado en el artículo 49.3 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Una circunstancia que sustenta el amplio y plural apoyo al colectivo Altsasu Gurasoak que ayer volvió a quedar de manifiesto en la multitudinaria movilización. Un respaldo al que también ha contribuido decisivamente la demonización de todo un pueblo por intereses bastardos, hasta el extremo de criminalizar a una colectividad con el pretexto de unos incidentes tan reprobables como concretos para los que nunca se pidió impunidad sino proporcionalidad. A esta instrumentalización, fomentada incluso por líderes políticos de la derecha como Albert Rivera y Pablo Casado, que han viajado a Altasu utilizándolo para sus intereses electorales, y por determinados medios de comunicación, la ciudadanía alsasuarra ha respondido con un ejemplar doble ejercicio de contención y convivencia. Una actitud digna de reconocimiento, como de justicia resulta exigir la libertad de los jóvenes encarcelados por haber pagado ya con creces en prisión su eventual responsabilidad en aquellos lamentables hechos.