Editorial

PP y C’s renuncian a su función

La derecha española ha pasado la línea de la práctica política institucional y sustituye la discrepancia leal de oposición por la movilización de una turba a la que arenga criminalizando al rival político

07.02.2020 | 23:27

LA deriva populista en la que se han embarcado las fuerzas de la derecha española ha alcanzado la renuncia de facto a la función que la Constitución de 1978 otorga a los partitos políticos en el sistema democrático institucional español. Según recoge en su artículo 6, los partidos políticos "concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política". El modo en que esto se realiza solo es posible, según recordaba años atrás en una publicación de 2003 el magistrado y por aquel entonces letrado del Tribunal Supremo Javier Echarri Casi, cuando los partidos encauzan su acción a través de los procedimientos públicos; esto es: el procedimiento electoral y el parlamentario. Ninguno de ambos está presente en la voluntad de PP y Ciudadanos de convertir su discrepancia sobre la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez en Catalunya en palanca de movilización en las calles de Madrid el próximo domingo. La emblemática plaza de Colón, con el significado ejercicio de exaltación nacional que envuelve la mastodóntica bandera constitucional de casi 300 metros cuadrados, será el escenario para convertir en protesta en las calles la ausencia de mayoría parlamentaria que justifique otra política diferente con la que afrontar la crisis de Catalunya. Esta manipulación de la función de los partidos lo es en tanto el objetivo último de la movilización no es tanto dar testimonio como tratar de provocar una determinada acción política por medios diferentes a los estríctamente procedimentales parlamentarios. Hasta aquí, la parte meramente técnica de la actuación compartida por los tres partidos de la derecha española -los citados más Vox-. Pero, además, está la criminalización que el discurso de Pablo Casado ayer mismo realizaba al calificar de "alta traición" la posibilidad de que un 'relator' levante acta del diálogo entre partidos y/o gobiernos. El intento de agitar la calle con acusaciones infundadas de tan baja calidad democrática y tan altas dosis de intencionalidad emocional es irresponsable e ilegítimo. Irresponsable porque traslada al ámbito de la visceralidad lo que debería canalizarse por la vía de la racionalidad democrática; ilegítimo porque sustituye un modelo institucional de gestion de esta y cualquier otra crisis por la movilización de una turba.