ACUERDO de mínimos. De madrugada, la presidenta de la Comisión y el presidente del Consejo, Von der Leyen y Michel, anunciaban que los líderes europeos acordaban avanzar hacia un tope que “límite de inmediato los episodios de precios excesivos del gas” para lograr así luchar contra la emergencia energética. Alemania, que se oponía tajantemente a cualquier límite a los precios, por dinámico y temporal que fuese, ha terminado entre grandes presiones por abrir la puerta a la medida. La Comisión Europea ha planteado crear una plataforma de compras de gas de forma conjunta en la UE para que esté lista para afrontar el invierno de 2023, y también fijar un precio máximo al gas, pero que no sea fijo, sino “dinámico” y temporal, para aliviar los posibles picos si esta energía se encarece demasiado. La Comisión quiere crear un nuevo índice de referencia en la compra de gas natural licuado a partir de marzo, temporal y complementario al TTF holandés, y evitar aumentos descontrolados del precio.
Medidas para el gas
La Comisión busca crear una plataforma de compra conjunta de gas de la UE, y aprovechar el poder de los Veintisiete de forma agrupada para presionar sobre los precios, un modelo que la Comisión quiere tener listo para afrontar el invierno de 2023. Las fuentes de suministro rusas quedarán fuera de esta plataforma, tal y como busca la Comisión. Según la Comisión, la compra conjunta facilitará un acceso más equitativo a sus proveedores y mercados internacionales, y dará más peso negociador a los importadores europeos. En principio, los países se podrán sumar de forma voluntaria a este mecanismo. La Comisión quiere que al menos el 15% de las reservas de cada Estado se compre mediante este sistema común, de forma que esa cantidad inicial sí sería obligatoria y, mediante esto, también pretende garantizarla a un buen precio. La Comisión señala que los esfuerzos se centran en reducir la demanda y ahorrar gas y electricidad, sobre todo ante escenarios de nuevas interrupciones del suministro. No obstante, señala que estaría lista para activar la alerta de la UE o incluso revisar los objetivos de reducción de la demanda de gas si las bajadas voluntarias resultan insuficientes para garantizar el suministro en el invierno.
Mecanismo de solidaridad
Además, pretende que ningún país se quede atrás porque la Comisión es consciente de que hay diferencias a nivel energético entre los Veintisiete. Por ello, busca hacer que el mecanismo de solidaridad que ya existe en la norma europea sea obligatorio en caso de emergencia, de forma que los países tengan que compartir gas en caso de verse en ese escenario. Actualmente, hay acuerdos de cooperación entre seis países, pero hay otros que no disponen de ellos. Para reforzar la situación ante un escenario de emergencia, la Comisión propone medidas que permitan a los países socios reducir excepcionalmente el consumo no esencial, como la calefacción exterior, para garantizar que haya gas en servicios e industrias. No obstante, matiza, sin afectar a colectivos vulnerables. Además, quiere intervenir directamente en el mercado de los precios y modificar la referencia para los contratos en Europa de gas natural licuado, ya que la actual no refleja la realidad del mercado. Es un mecanismo complementario sin sustituir al TTF holandés.
40.000 millones en ayudas
Asimismo, también busca desviar alrededor de 40.000 millones de euros de los Fondos de Cohesión entre 2014 y 2020, unas ayudas que no se han utilizado, con el objetivo de afrontar la crisis energética. Esto ya se hizo con las regiones más afectadas por el Brexit o para gastos relacionados con la pandemia. En concreto, permitirá reorientar hasta 10% del presupuesto de los fondos regionales para el marco presupuestario anterior a medidas para paliar los efectos de la crisis energética, como ayudas a pymes y hogares vulnerables o incluso programas de protección laboral como los ERTE españoles. Esto supone que España, que tenía asignados 42.000 millones en fondos regionales entre 2014 y 2021, podrá reorientar hasta 4.200 millones para financiar actuaciones dirigidas a contrarrestar las consecuencias de los precios energéticos disparados. Bruselas también plantea aliviar los problemas de liquidez de algunas empresas energéticas por la subida de los precios, algo que ha impulsado la guerra de Ucrania. Para aliviar su situación, rebaja el umbral a partir del cual tendrán que aportar colateral para cubrir el riesgo de sus contratos. l
