ME resulta un inmenso misterio el miedo cerval que despierta una expresión tan inocente como “Derecho a decidir”. Es mentarla y provocar rayos y truenos dialécticos en los moradores del Olimpo que se tienen por la flor y nata de la tolerancia democrática, la justicia, la libertad, la convivencia y todos los grandes palabros que se pronuncian con inflamación pectoral y mentón enhiesto. Ocurre, me temo, que todos estos paladines de la rectitud son la versión crecida de aquellos niños con posibles que exhibían la propiedad del balón como salvoconducto ventajista. Si no aceptabas su criterio, lo cogían bajo el brazo y se lo llevaban. Cambien la pelota por el marco legal y verán que seguimos en las mismas. O se juega con sus reglas o no se juega.

La penúltima martingala estomagante de los monopolistas de las normas es recitar como papagayos que el derecho a decidir no existe. Más allá de las explicaciones documentadas que les podría aportar cualquier jurista que no sea de parte ni pretenda engañarse al solitario, tal afirmación supone una notable mendruguez. Si vamos a la literalidad, resultaría que tampoco el derecho a la vida, por poner el más obvio de todos, existe como tal. No crece en los árboles, ni se extrae de las minas. Es, como todo el corpus legislativo, una creación humana que ha adquirido carta de naturaleza por consenso mayoritario, ni siquiera unánime. Si prescindiéramos de los dramatismos interesados y exagerados o de los maximalismos obtusos, el caso que nos ocupa no es muy diferente. Claro que para aceptarlo es imprescindible la honestidad de asumir que decidir no necesariamente implica secesión.