¡Esto es la guerra... judicial!

La verdad es que hace falta mucha osadía para colocar a una persona de total confianza, casi de compadreo, en un puesto de la relevancia política que supone la Fiscalía del Estado. No hay duda de que Pedro Sánchez sabía la polvareda que iba a levantar el nombramiento, pero está claro que asumía de antemano el chaparrón. Colocar a Dolores Delgado en puesto tan trascendental, con la que está cayendo, es una provocación muy poco estética, un ejemplo descarnado de puerta giratoria. Es muy difícil entender el nombramiento de Delgado cuando aún resuena el batiburrillo discursivo de Sánchez, que se vino arriba en plena campaña electoral y apeló a la subordinación de la Fiscalía al Gobierno, para pasar de golpe tras su investidura a reivindicar la separación de poderes y a prometer la despolitización de la justicia. Se mire por donde se mire, el ascenso de Dolores Delgado habrá sido legal y de acuerdo al ordenamiento, pero no deja de parecer una nueva prueba de chanchullo sorprendentemente aprobada por el socio de Gobierno.

En cualquier caso, lo que está claro es que Pedro Sánchez está dispuesto a plantarle cara a la prepotencia de la oposición y a utilizar todos los recursos legales para llevar adelante el mandato recibido en las urnas. No se va a ablandar, por más anuncios de querellas que vayan llegando desde el alboroto de una derecha soliviantada ante el avasallamiento de su histórico cortijo judicial. A esta estupefacción obscena de la derecha hay que añadirle una enorme dosis de hipocresía que cierra los ojos ante el escandaloso mangoneo que la derecha viene haciendo con la justicia desde siempre. Saben sus dirigentes y sus apéndices mediáticos de los numerosos precedentes en los nombramientos de la Fiscalía, ya directamente desde el cargo de ministro como Javier Moscoso en tiempo de Felipe González, o desde la obediencia política como Jesús Cardenal, fiscal general nombrado por Aznar que criticó "el clima de pluralismo político que solo beneficia a los extremos viciosos que permiten el divorcio, el aborto, los anticonceptivos y la pornografía". O la pillada del WhatsApp del senador Cosidó aplacando a los suyos ante el juicio al procés y asegurándoles que "controlaremos la sala segunda desde atrás", o el exministro del Interior Fernández Díaz, que tranquilizaba a su filtrador de dossiers falsos contra independentistas catalanes: "eso la Fiscalía te lo afina".

Pedro Sánchez no se ha arrugado ante las amenazas de la derecha y está dispuesto a entrar en la guerra contra un estamento ya de por sí conservador y corporativo como el judicial. Una guerra lamentablemente desigual, ya que la magistratura española en sus niveles más altos está copada por la derecha más conservadora. El Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo -la sala segunda ha asumido el freno legal del independentismo catalán- están colonizados por la derecha, y el recién estrenado Gobierno parece que va a defenderse de ella con sus mismas armas, dispuesto a transitar sin casco por un campo de minas. El CGPJ ha cerrado filas ante la crítica por el ridículo de la judicatura española tantas veces enmendada por la europea, pero el bipartito no está dispuesto a practicar la ingenuidad ni el buen talante porque esto es ya la guerra judicial. Sabe que la batalla no está solo en las Cortes, sino también en la justicia impúdicamente sometida a la derecha. "Nos van a sacudir hagamos lo que hagamos", parece que presupone el Gobierno, y ha decidido entrar al barro.