La variante de Rekalde, una infraestructura indispensable para derribar el viaducto que atraviesa este barrio bilbaino, no entrará en funcionamiento antes de 2034. Las dificultades técnicas en su construcción, al discurrir su trazado por debajo de viviendas con cimentaciones vulnerables y rellenos inestables, conllevará una tramitación muy compleja hasta que puedan empezar a trabajar las máquinas sobre el relleno, algo que se prevé, como pronto, en 2028.

Así lo ha confirmado este martes el diputado de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Carlos Alzaga, quien ha comparecido en las Juntas Generales, a petición de EH Bildu, para dar cuenta del estado de este proyecto. "Es una obra más compleja de lo que esperábamos, estos plazos no son por falta de impulso político. No por poner 100 millones de euros encima de la mesa lo vamos a poder hacer más rápido", ha advertido a los apoderados.

La variante es la alternativa planteada para poder desviar el tráfico que actualmente circula por la autopista A-8 a su paso por Bilbao y, de esta forma, poder demoler en el futuro el viaducto. Se trata de un túnel de 2.230 metros de largo que constará de sendos accesos desde la autovía actual -a la altura del polideportivo de El Fango y del campo de fútbol de Basurto- y dos túneles que no irán en paralelo y tendrán diferentes longitudes.

El que se construirá en sentido Gipuzkoa irá más metido bajo la ladera del Pagasarri de forma que medirá 1.856 metros mientras que el que discurrirá hacia Cantabria, estará más cerca de Iturrigorri y tendrá 1.674 metros de largo. Como referencia, los túneles de Malmasin cuentan con 1.333 metros, eso sí en línea recta, totalmente diferente a la continua curva que practicarán estos nuevos tubos.

Cada una de las galerías tendrá casi trece metros de ancho para acoger tres carriles de 3,30 metros cada una, dos arcenes de un metro y una acera para emergencias de 0,57 metros.

"Técnicamente complejísimo"

Actualmente se está redactando el proyecto constructivo que, aunque estaba previsto que estaría cerrado en diciembre de este año finalmente no será posible contar con él hasta septiembre del año que viene, tras ampliarse en nueve meses el plazo de ejecución. El documento de inicio para la tramitación ambiental, por su parte, estará a disposición del departamento en junio de este año y se remitirá a Medio Ambiente. Aquí los técnicos deberán realizar un informe interno y someterlo a exposición pública hasta abril o mayo de 2027. Todas esas alegaciones ambientales se incorporarán al proyecto, por lo que Alzaga espera contar con la Declaración de Impacto Ambiental en febrero o marzo de 2028. "Cumpliendo todos estos hitos intermedios, que me parece ser muy optimista, tendremos el proyecto constructivo en la mano para junio de 2028", ha avanzado Alzaga.

Será ese el momento en el que se tengan que licitar y adjudicar las obras, que tienen un plazo de ejecución previsto de seis años. "Estamos hablando del año 2034, en adelante, para finalizar los trabajos, como pronto", ha reconocido. "Llevamos trabajando más de dos años en este proyecto, que es complejísimo técnicamente".