A Comisión Europea ha publicado esta semana su segundo informe sobre el Estado de Derecho en la UE. De nuevo, igual que el pasado año, Polonia y Hungría protagonizan negativamente las violaciones de los derechos fundamentales de los Estados miembros. El informe de 2021 examina lo acontecido desde el pasado mes de septiembre, profundizando en la evaluación de los problemas detectados en el informe anterior y teniendo en cuenta el impacto de la pandemia de covid-19. En general, el informe muestra muchos avances positivos, pero señala que siguen existiendo preocupaciones, que en algunos Estados miembros han aumentado, por ejemplo, en lo que se refiere a la independencia del poder judicial y a la situación en los medios de comunicación. El informe también subraya la fortaleza de los sistemas nacionales durante la pandemia de covid-19, que puso de manifiesto la importancia de la capacidad de mantener un sistema de controles y equilibrios que respete el Estado de Derecho.
El informe de 2021 se basa en la metodología y el alcance del informe anterior, centrándose en cuatro elementos clave: sistema judicial; marco de lucha contra la corrupción; libertad y pluralismo de los medios de comunicación y otras cuestiones institucionales relacionadas con los controles y equilibrios. Respecto al sistema judicial, casi todos los Estados miembros están llevando a cabo reformas, aunque con variaciones en cuanto a objetivos, alcance, forma y progreso. En varios se han adoptado o se están tomando medidas para reforzar la independencia judicial mediante reformas relacionadas con los consejos judiciales, el nombramiento de jueces y la independencia y autonomía de la fiscalía, por ejemplo. Sin embargo, algunos han seguido llevando a cabo reformas que reducen sus garantías de independencia judicial, suscitan preocupación o agravan las existentes relacionadas con una mayor influencia del poder ejecutivo y legislativo en el funcionamiento de su sistema judicial. Es el caso, especialmente de Polonia.
Los Estados miembros de la UE siguen figurando entre los países con mejores resultados a escala mundial, y 10 de ellos se encuentran entre los 20 países más importantes del mundo considerados menos corruptos. Varios Estados están adoptando o revisando actualmente estrategias o planes de acción nacionales contra la corrupción. Muchos de ellos adoptaron medidas para reforzar los marcos de prevención e integridad de la corrupción, incluidas normas sobre conflictos de intereses, transparencia de los grupos de presión y "puertas giratorias". Sin embargo, siguen existiendo dificultades, en particular en relación con investigaciones penales, enjuiciamientos y la aplicación de sanciones por corrupción en algunos Estados miembros donde siguieron apareciendo casos de corrupción importantes o muy complejos. En general, los controles y equilibrios nacionales, incluidos los Parlamentos, los tribunales, los defensores del pueblo y otras autoridades independientes, han desempeñado un papel crucial durante la pandemia, que ha sido una prueba de resistencia para el Estado de Derecho. Al mismo tiempo, existen retos para el proceso legislativo, como cambios repentinos, procedimientos acelerados o el sistema de control constitucional.
En la pandemia, los periodistas y los trabajadores de los medios de comunicación en Europa sufrieron una fuerte presión, siendo el gobierno húngaro el que más vulneraciones registra del derecho a la información. Ante un mayor número de alertas de seguridad de los periodistas es necesario abordar esta cuestión en toda la UE. El Observatorio del Pluralismo de los Medios de Comunicación de 2021 apunta a un deterioro general de la situación de los periodistas en varios Estados miembros. No todos los reguladores de los medios de comunicación están libres de influencia política y existe un alto riesgo de injerencia en los medios de comunicación en algunos países de la UE. Además, los medios han sido cruciales para mantener informados a los ciudadanos en la pandemia, a pesar de que una serie de restricciones dificultaron el trabajo de los periodistas. La pandemia también ha desencadenado graves retos económicos para el sector, lo que ha llevado a algunos Estados a adoptar sistemas de apoyo a los medios de comunicación, algo que según señala el informe debe aplicarse de manera transparente y equitativa.
