Bis a bis

Euskadi, nación política

17.12.2019 | 20:23
columnista Juanjo Alvarez

pese a quienes niegan tal realidad, Euskadi es una nación política que emerge tras un proceso de institucionalización y a partir de un hecho social que trae causa a su vez de la nación cultural de Euskal Herria. La nación política no se limita al ejercicio de esos Derechos Históricos. Los Derechos Históricos han contribuido a configurar la nación vasca y suponen el elemento legitimador de nuestro poder constituyente: el hecho singular que nos permite ir creciendo como nación.

Precisamente por eso, el articulado del nuevo Estatuto debería aferrarse a estos dos elementos: a los Derechos Históricos, como elemento de continuidad jurídica que permite preservar la singularidad del hecho político de Euskadi en el marco constitucional y al carácter instrumental de la nación, que debería ser una constante en la elaboración del nuevo Estatuto, evitando caer en debates nominales o simbólicos (sin afirmar que sean irrelevantes, por supuesto) en detrimento de las cuestiones de fondo. Es decir, si el Estado no está dispuesto a reconocer de jure el hecho político de Euskadi como nación, debemos asegurarnos de que el nuevo Estatuto permita continuar avanzando en ese reconocimiento de facto.

¿Y el derecho a decidir? Decidir, en un mundo complejo e interdependiente como el contemporáneo, es, siempre, codecidir. Y toda codecisio?n comporta reconocimiento, responsabilidades y exigencias reci?procas para quienes la comparten. De ahí que las sociedades plurales, sean comunidades estatales o sub-estatales, articulan su pluralismo interno mediante mecanismos de codecisio?n, estableciendo vi?nculos acordados que solo se pueden modificar de manera pactada.

No hay sociedad democrática sin respeto a la legalidad, pero tampoco si esa legalidad impide su eventual reforma de acuerdo con un principio democrático de modificación de la realidad vigente abierto a incorporar nuevas demandas y obligaciones de acuerdo con los cambios de valores que se van produciendo en una sociedad en continua transformación. Este nuevo Estatuto deberá responder, precisamente, a la necesidad de renovar, actualizar y proteger el autogobierno, al tiempo que se incorporan a su articulado nuevas realidades políticas y sociales que se han ido planteando en los últimos años.

El equilibrio entre el principio de legalidad y legitimidad democrática implica necesariamente negociar y pactar el proceso que se deberá seguir para el ejercicio de ese derecho a decidir.

¿Qué es lo realmente importante, el nuevo Estatuto político o el reconocimiento del derecho a decidir y la consiguiente celebración de la consulta o referéndum sobre la secesión o la independencia? No estamos ahora ante un proceso de acumulación de fuerzas en torno al derecho a decidir para que la vía sin salida que suponga el Estatuto político que incluya este derecho por la negativa del Estado se transforme en vía vasca de hecho para ejercer el derecho a la independencia en un intento de emulación de la vía catalana en un horizonte de confrontación. Frente a tal estrategia, el gran reto es intentar conseguir entre nosotros, los vascos, un consenso sólido en torno a un gran proyecto de autogobierno.

El derecho a decidir de los vascos y las vascas ha de entenderse como un punto de encuentro, como un derecho a pactar porque el acuerdo es el modo como se organizan las sociedades avanzadas, de las que Euskadi forma parte. La voluntad de pacto se ha de realizar en el seno de la sociedad vasca y hacia fuera. El autogobierno se basa en el principio de que todas las identificaciones nacionales presentes en la sociedad vasca tienen igual legitimidad y el derecho a ser integradas en los procedimientos de decisión, todas deben hacer esfuerzo integrador de sus respectivas posiciones, todas deben moverse para el logro de un fin tan necesario como deseado por la ciudadanía vasca.