Se veía venir. Tarde o temprano la ola de intransigencia y de sectarismo que marca el discurso diario de formaciones como el PP, C’s o Vox iba a llegar también al lugar que ocupa la convivencia entre las lenguas. Vuelve con toda su dimensión la carga ideológica de lo lingüístico. Y se ha manifestado al proclamar la preeminencia, la jerarquía absoluta, la asimetría entre el idioma español y las “lenguas autonómicas”, minusvalorando así más, si cabe, el alcance de la cooficialidad que en relación al euskera consagra el texto constitucional.
Hay mucho trabajo por hacer para garantizar la igualdad legal, la paridad del estatus del euskera y del castellano. La igualdad, la paridad en los derechos de bilingües y monolingües es esencial como también lo es cultivar el prestigio social e institucional de nuestra lengua propia, el euskera.
Frente a todo ello Pablo Casado ha defendido la aprobación de una nueva Ley de Lenguas que instaure el castellano como la lengua vehicular en la Educación, en la Administración, en las oposiciones y en la señalización urbana e interurbana. Ha defendido que el castellano sea el utilizado en la Administración y ha puesto por ejemplo que nadie pueda ser “multado si no es en castellano”. Es una nueva iniciativa tan regresiva como recentralizadora. La ausencia de consenso conduce a la politización de las lenguas. Es lo que arteramente se persigue, una vez más.
¿Desconoce Pablo Casado la legalidad o la jurisprudencia del TC sobre esta materia, incluida la Constitución, nuestro Estatuto y sus leyes de desarrollo, o se trata de una nueva ocurrencia para marcar territorio político en este ámbito y entender que la riqueza del plurilingüismo es en realidad un problema?
Una vez más todo parece darle igual; recurre a argumentos muy endebles desde el punto de vista jurídico pero potentes dialécticamente. Y como siempre compite con Albert Rivera por ver quién es capaz de retorcer más el statu quo actual, apuesta por ver quién se atreve a ir más lejos en esa deriva cainita que pretende identificar todo lo español con su visión sesgada y reduccionista.
En relación al acceso a la función pública, y frente a lo que el propio Tribunal Constitucional ha afirmado, el líder del PP ha subrayado que “no se puede lastrar la movilidad de los empleados públicos ni la igualdad de oportunidades entre los españoles”, por lo que de salir adelante su propuesta el acceso a la función pública se realizará obligatoriamente en castellano, y la lengua cooficial podrá considerarse un mérito y no un requisito excluyente. Nuestro Estatuto de Gernika define el euskera como la lengua propia del Pueblo Vasco; señala que tiene, como el castellano, carácter de lengua oficial en Euskadi y afirma que todos sus habitantes tienen el derecho a conocer y usar ambas lenguas. Señala además que las instituciones vascas garantizarán el uso de ambas lenguas, regulando su carácter oficial y arbitrarán y regularán las medidas y medios necesarios para asegurar su conocimiento. Y concluye que nadie podrá ser discriminado por razón de la lengua.
¿Cómo impulsar y hacer posible un mayor consenso social y político a favor de la normalización social del euskera en un clima como el que genera este tipo de iniciativas? El euskera es de todos. Nadie debe ser excluido de la tarea común de hacer posible una enriquecedora convivencia entre las dos lenguas. Hay que impulsar de manera especial y activa el uso de aquella lengua (el euskera) que, si bien es oficial, se encuentra en condiciones de debilidad respecto a la otra lengua oficial (el castellano).
Necesitamos evolucionar, no involucionar como pretende ese discurso rancio y excluyente; el euskera requiere una gobernanza propia porque debe encontrar ahora su espacio en una sociedad multilingüe, en un contexto plurilingüístico y multicultural.
Los tres elementos vertebradores de la vigente política lingüística se asientan en el uso, la adhesión de la ciudadanía y el consenso. El problema troncal queda vinculado a la convivencia entre nuestras dos lenguas (euskera y castellano), y, en consecuencia, afecta al corazón de la convivencia social. La política lingüística debe hacerse con los pies en el suelo, conscientes de que es una tarea de años, intergeneracional y en la que hace falta audacia e inteligencia. Hay que desterrar la imposición, para tratar de aunar voluntades plurales. La orientación seguida en Euskadi durante estos años ha sido muy acertada, al huir de sectarismos y de etiquetas políticas en este proceso.
El populismo que caracteriza la propuesta de Casado pretende confundir, desde el victimismo o desde la prepotencia, imposición con regulación y elaboración de un elenco normativo. En una sociedad con dos lenguas oficiales no solo es posible sino necesario, estrictamente democrático y respetuoso con la voluntad de la ciudadanía, proceder a la regulación del uso de ambas lenguas oficiales en el espacio público, tanto en las administraciones públicas como en los espacios comercial, mercantil y de consumo.
Debemos mirar de frente al futuro, desoyendo estos cánticos de sectarismo que proponen políticos irresponsables a los que poco parece importar dinamitar consensos sociales con tal de llegar al poder.
