ESTE miércoles pasado el Parlamento Europeo adoptó en plenario una resolución que declara a Rusia como “estado promotor del terrorismo”. El Parlamento se basa en la definición de terrorismo empleada por la Unión Europea en anteriores ocasiones y que coincide con la que ha utilizado para otros casos tanto el Consejo de Seguridad como la Asamblea General de la ONU. También se citan, como fundamentos de la decisión, el Convenio para la Represión del Terrorismo, el Estatuto de la Corte Penal Internacional y hasta las Convenciones de Ginebra.
El Parlamento, una vez más y uniéndose así a los órganos de la ONU, “reitera su condena de la ilegal, no provocada e injustificada guerra de agresión rusa contra Ucrania y exige que Rusia y sus agentes subsidiarios cesen todas las acciones militares”.
La Resolución cita “las numerosas atrocidades” cometidas contra civiles ucranianos, tales como “ejecuciones sumarias, torturas, violaciones y detenciones, así como adopciones forzosas de niños y deportaciones forzadas, con un número de crímenes de guerra documentados que se acerca a los 40.000”. Se añaden datos que merecen ser recordados: “Rusia ha lanzado más de 4.000 misiles contra Ucrania y ha bombardeado el país más de 24.000 veces destruyendo o dañando 60.982 instalaciones civiles, incluidos 42.818 casas, 1.960 centros educativos, 396 centros médicos, 392 edificios culturales, 87 edificios religiosos y 5.315 instalaciones de agua y electricidad (…) y ha cometido 457 crímenes contra periodistas y medios, y asesinado a más de 40 periodistas ucranianos”.
La Resolución fue adoptada por 494 votos a favor, 58 en contra y 44 abstenciones. Revisando las explicaciones de voto de unos y otros, no deja de sorprender que algunos de los eurodiputados que con mayor convicción reclaman que la diplomacia y la política actúen (como si no lo estuvieran ya haciendo o como si su sola mención pudiera detener al agresor), se muestren luego contrarios a los movimientos que la diplomacia y la política adoptan para forzar al agresor a parar la guerra. O que algunos de los que denuncian que el sistema internacional no toma medidas para detener el horror, se opongan sistemáticamente cuando esas medidas se adoptan. Nada hay en el mundo real que pueda satisfacer sus altos estándares éticos. Y como nada suficientemente puro puede hacerse, solo nos queda apartarnos de ese sucio mundo y sus miserias para dejar que el violador termine su crimen sin ser importunado.
Hay quien defiende que esta resolución tiene mero valor simbólico, pero lo cierto es que tiene unas consecuencias políticas de dimensión extraordinaria. No sólo compromete a las instituciones europeas, sino que permite activar consecuencias de orden jurídico, diplomático o económico tendentes a lo que el Parlamento denomina, sobredimensionando las capacidades europeas, el “completo aislamiento internacional de Rusia”.
El Parlamento termina afirmando que “la falta de rendición de cuentas y de justicia solo conduce a la repetición de crímenes similares”. Esta frase me recuerda a Hans Kelsen, uno de los juristas más influyentes del siglo XX. Tras su paso por el Tribunal Constitucional austriaco, enseñó derecho en Colonia de donde, al llegar Hitler al poder, emigró a Ginebra y posteriormente a Estados Unidos. En plena Segunda Guerra Mundial escribiría su obra La paz por medio del Derecho en la que, refiriéndose a lo que debía suceder tras el fin de la guerra, afirmó que “uno de los medios más eficaces para impedir la guerra y garantizar la paz internacional es la promulgación de reglas que establezcan la responsabilidad individual de las personas que como miembros del gobierno han violado el derecho internacional recurriendo a o provocando la guerra”. Kelsen podría haber repetido esta semana esas mismas palabras en el plenario de Estrasburgo. Con una diferencia: las reglas ya existen. Ahora toca tomarlas en serio. El Parlamento Europeo da un nuevo paso en esa dirección. Bienvenido sea. l
