Amenos de cuatro meses para unas elecciones, los acuerdos entre partidos son rara avis. Es un axioma de la realidad política: a medida que se acerca la cita con las urnas, las formaciones buscan diferenciar claramente sus discursos y posiciones de los de sus oponentes y dejar claro que sus ideas y propuestas son únicas, inmejorables, insuperables. Como lo blanco que deja la ropa un detergente. Pura táctica de marketing. Y, sin embargo, esos axiomas -supuestas verdades que, por definición, no necesitan ser demostradas- no siempre funcionan.
Pero, persuadidos de que eso es lo que deben hacer, ningún grupo de la oposición quiere aparecer como salvador de un Gobierno al que, por lo general, intentan por todos los medios que muerda el polvo. Los acuerdos no venden entre la parroquia más adepta, aunque quizá debieran pensar más en esos espacios fronterizos que también votan y son los que al final suman o restan escaños y que agradecen la apuesta por el diálogo y el pacto por el bien común y la estabilidad.
Es en este escenario en el que el Gobierno vasco no encuentra aliado para sacar adelante la ley presupuestaria con la que pretende paliar, siquiera en parte, los efectos de la prórroga presupuestaria a la que se vio obligado cuando los mismos grupos le negaron un mínimo aval para aprobar las Cuentas. Entonces, ya se produjo la negociación entre el Ejecutivo y la oposición y el acuerdo con algún grupo se rozó con la punta de los dedos. Ahora se trataría de que algunos puntos sobre los que pivotaron algunos preacuerdos posibles y que, objetivamente, son beneficiosos para buena parte de la ciudadanía -en algunos casos, la menos favorecida o que ha sufrido los efectos de la crisis- se materialicen vía la aprobación de decretos.
Pero hay quienes piensan que eso sería regalarle al Gobierno una victoria a los penaltis tras los sucesivos empates en el partido, el descuento y la prórroga. Y no están dispuestos a permitirlo, al menos sin sacar nada sustancioso a cambio.
Pero cuando durante el tiempo reglamentario se ponían otro tipo de objeciones, ahora el gran asunto, la clave de bóveda de las medidas urgentes como la subida de sueldo de los funcionarios, de la RGI o los convenios con la concertada es, al parecer, la fórmula elegida por el Gobierno, esto es, la lectura única. El resultado, al final, si es que al final la ley sale rechazada es que los colectivos afectados seguirán como estaban en Euskadi. No, por cierto, en España, donde medidas muy similares presentadas por Pedro Sánchez se han aprobado con el aval de grupos que aquí las rechazan. Y este es otro de los catastróficos axiomas de la mala política -sea esta vieja o nueva- y que es: al enemigo, ni agua.
