LA legislatura vasca va a tocar a su final de facto con la aprobación de la ley de víctimas de abusos policiales, lo que sitúa muy alto el listón de las políticas reparadoras del dolor padecido durante décadas por miles de personas en este país. La estrategia de paz y convivencia del Ejecutivo de Iñigo Urkullu han suscitado incluso el aplauso explícito de asociaciones como la AVT en relación al tratamiento dado a las víctimas de ETA. Y la norma que se aprobará en los próximos días cubre un período, en democracia, que ha levantado ampollas por la sensible actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Un esfuerzo que no llegó a acometer el anterior Gobierno vasco socialista con su decreto limitado al período predemocrático y que ahora se va a convertir en letra precisamente en base a un consenso transversal que permitió, primero, que las enmiendas a la totalidad fueran rechazadas y que incorpore ahora además matizaciones parciales propuestas por el PSE, EH Bildu e incluso algunas del principal opositor a la norma: el PP.

Los populares vascos, que aún tratan de encarar la perspectiva electoral de otoño tras el severo varapalo sufrido en las generales en Euskadi, se han embarcado en una campaña sorprendente en el tono y el fondo coincidiendo con el 19 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco a manos de ETA. La irritación que provocó aquel crimen horrendo, marcado por una cuenta atrás sádica, dio lugar a una movilización fundamental de la sociedad vasca en el escenario de violencia de hace dos décadas.

Volver a escuchar, transcurrido este tiempo, las acusaciones de equidistancia vertidas desde el Partido Popular produce estupor. Que los populares vascos encaren su futuro aferrados a un discurso de hace dos décadas da la medida de su desorientación. Si las políticas de resarcimiento que impulsa el Gobierno de Urkullu son un ejercicio de equidistancia, habrá que concluir que la pretensión del PP es que el resarcimiento no alcance a todas las víctimas de todos los crímenes cometidos en este país en nombre del pueblo vasco o del español tomados ambos en vano. La necesaria memoria de la injusticia sufrida por las víctimas no debe orientarse a satisfacer filias, fobias o carencias de proyecto político de nadie. Las víctimas no son de los partidos, con independencia de su militancia, sino de la sociedad. Capitalizar, priorizar o minorizar a unas en favor o detrimento de otras es enfermizo e insano. El dolor reconocido a la familia de Miguel Ángel Blanco no va en detrimento del de las familias de Lasa y Zabala y viceversa.

El consenso sociopolítico sobre este extremo se va a visibilizar en el Parlamento Vasco una vez más y quienes elijan abandonarlo se situarán en la periferia de la realidad del país. En el caso del PP, se sitúa en la misma anacrónica posición que el parlamentario de UPyD en uno de sus últimos actos como tal antes de que los ciudadanos vascos le borren de su memoria en otoño.