EL último pleno parlamentario de política general de esta legislatura ha sentado las bases del proceso electoral que se desarrollará en los próximos meses en Euskadi, centradas en el binomio entre debate identitario frente a confrontación de modelos de gestión del país.
La apuesta por profundizar en el autogobierno sobre la base de los derechos históricos ha permitido acuñar el novedoso concepto, pleno de simbolismo y de potencialidad, de nación foral. Combina la dimensión política y la jurídica, porque la base de nuestra singularidad, la auténtica constitución de los vascos radica en la foralidad. En este contexto, la opción más razonable es avanzar políticamente hacia la adecuación, modernización y actualización de nuestro autogobierno estatutario dentro del marco de nuestras competencias de desarrollo ya constitucionalizadas (gran diferencia con el modelo catalán): entra de pleno en nuestro ámbito competencial y es un movimiento que no deviene excluyente respecto a la alternativa de reforma constitucional, cuya iniciativa debe residenciarse en otros actores. Tenemos una base competencial que aporta un auténtico tesoro legislativo: la foralidad actualizada, la confederación vasca.
El anclaje jurídico competencial de esta iniciativa es muy sólida, pondrá las cosas difíciles a los inmovilistas. Por ello, y sin renunciar al mismo, debe diferenciarse entre la cuestión del derecho a decidir frente a la dimensión competencial porque, si incluimos esta dimensión del derecho a decidir dentro del texto del desarrollo estatutario, el Tribunal Constitucional anulará todo. No merece la pena, en mi opinión, abrir esa senda, que tiene un muy limitado y previsible recorrido.
Los derechos históricos vascos reconocidos por la Constitución y los procedimientos del Concierto Económico son el núcleo donde mejor se contiene la realidad de soberanía compartida que supone nuestro sistema de autogobierno y que lo diferencia radicalmente de las meras descentralizaciones administrativas.
Su actualización permite tener base competencial para, además de exigir el cumplimiento inmediato del pleno desarrollo competencial (entre ellas, la relativa a instituciones penitenciarias), proceder a regular ex novo, por ejemplo, nuestro papel y protagonismo como Euskadi en Europa, nuestra participación en las instituciones europeas; o desarrollar la dimensión transfronteriza, todavía infrautilizada, o la posibilidad de suscribir acuerdos comerciales internacionales, o ha de permitir el reconocimiento a la oficialidad a nuestras selecciones deportivas vascas, o contemplar dentro de la nueva redacción de nuestro Estatuto un elenco de derechos económicos y sociales acordes a la realidad del siglo XXI y que sirva además para reordenar todo el capítulo de competencias “impropias” que asumen nuestros ayuntamientos y diputaciones sin una base clara de coordinación con el Gobierno vasco.
El autogobierno ha sido una herramienta clave para el desarrollo y la prosperidad del País Vasco. Hoy, iniciando la senda de salida de una crisis profunda, se puede afirmar que han sido las herramientas del autogobierno (Concierto Económico y Estatuto de Autonomía) las que han permitido consolidar en estos últimos 36 años nuestra economía y nuestra industria frente al modelo productivo español.
Hay que hacer especial hincapié en la necesidad de profundizar en nuestro autogobierno para poder así contar con las debidas garantías de que la capacidad normativa de las instituciones vascas no se verá limitada por la aprobación de leyes básicas que en la práctica han venido minando la capacidad real para desarrollar políticas públicas integrales y proteger normativamente su núcleo troncal, ante la evidencia de que los árbitros que dirimen los litigios (tribunales) no son imparciales.
Sobre estas bases es factible proponer al Gobierno central que surja de las urnas del 20 de diciembre lealtad interinstitucional, de demandar el respeto a las reglas de juego, tal como se practica en cualquier relación bilateral o acuerdo de convivencia para asegurar su perdurabilidad en términos de satisfacción para ambas partes.
