Parece ser el signo de los tiempos. Pero no debemos asumirlo como algo normal o habitual: no puede ser normal que el ritmo político venga determinado por la marcha de instrucciones judiciales en torno a corruptelas o comportamientos poco ejemplarizantes. Y debe tenerse en cuenta otro factor clave en el devenir de todos los escándalos que nos rodean en torno a episodios de corrupción con relevancia penal, como es el de la asincronía entre los tiempos de la política y los de la Justicia. La Justicia no está para condicionar la política, sino para resolver conflictos sociales. Y los políticos no pueden ni deben esperar que sean los tribunales quienes resuelvan sus problemas internos.El escándalo de los papeles de Bárcenas crece a medida que la estrategia del extesorero conduce a abrir el abanico y a aproximar la verdad real y la judicial, es decir, a aportar pruebas fehacientes de que sus acusaciones son ciertas. En particular, y por lo que se refiere al supuesto cobro de sobresueldos por parte del actual presidente del Gobierno y de algunos exministros cuando todavía lo eran, cobro absolutamente prohibido en la Ley 12/1995, de incompatibilidades de los miembros del Gobierno, el problema es gravísimo. Desde un punto de vista procesal y político, si la prueba de que esos cobros se produjeron queda finalmente acreditada en la instrucción judicial, la situación del presidente del Gobierno es sencillamente insostenible. Y el que esa acusación tenga tintes de verosimilitud ya la convierte en muy seria, políticamente hablando. Todo ello al margen de la financiación irregular del partido (con o sin contrapartidas) y de la incalificable actuación del que fue tesorero del PP durante tantos años. El asunto ya está judicializado, que es precisamente a lo que ha jugado siempre el Gobierno y a lo que suelen en general jugar todos los partidos políticos en casos parecidos. A esperar que el problema, que su problema, lo resuelva la justicia. Algo parecido ha hecho el PSOE con el escandaloso caso del fraude en torno a las ayudas de los ERE andaluces. Los políticos, no todos ni todos los partidos, es cierto, pero desgraciadamente muchos y muy relevantes, juegan y confían así en ganar tiempo de cara a las siempre "próximas" elecciones, porque la Justicia trabaja a un ritmo muy alejado de la cronocompetencia en la que aparece atrapada la política.

La Justicia es de por sí lenta, muy lenta, más aun si se compara con los ritmos frenéticos de la política. Y esta circunstancia es aprovechada por los políticos, que juegan demasiadas veces a confundir las responsabilidades políticas (las derivadas por ejemplo de que el tesorero del partido del Gobierno esté en la cárcel o de haber tenido en su seno una trama corrupta durante años, da igual que sea la de los ERE, la de Gürtel o la de las ITV) con las jurídicas o exigibles en sede judicial.

Pensemos ahora en Navarra: Yolanda Barcina aspira a ser reelegida por los navarros, pese al desprestigio de su quehacer político y a su poco edificante comportamiento en todo el asunto de las dietas, y pese a la desafección generada por esa actitud alejada de toda dimensión ética de la política. ¿En qué confía Barcina? (y de ello han de tomar nota los partidos de la oposición, para no jugar la baza que ella desea). Su estrategia de defensa (la procesal o judicial y la política) se basa en que en que gracias al privilegio (en este caso, sí, privilegio infundado), del aforamiento procesal, en que la lentitud intrínseca a los modos de actuar del Tribunal Supremo mantenga una instrucción judicial lenta, que deje en cuasi-hibernación el asunto... y si finalmente no se aprecia el cohecho impropio ello le permitirá resurgir bajo el aura de víctima y presentarse así ante los navarros como damnificada y no como responsable de los malos tiempos que corren en nuestra querida Navarra. Poco parece importar a sus protagonistas que este tipo de conductas o estrategias conlleven el riesgo de poder llevarse por delante la confianza de los ciudadanos, unas cuantas instituciones y, quizá, a sus propios partidos. Poco parece importarles que con su actitud acentúen el descrédito de la ciudadanía hacia las instituciones democráticas. Eso es mucho más grave que el resultado de toda esa larga retahíla de sumarios judiciales.

De este modo, y de forma perversa e insana, el debate político se traslada indebidamente al procedimiento judicial, algo no querido ni deseado ni buscado por los jueces.

Afortunadamente la gran mayoría de los jueces que tenemos son personas honestas, trabajadoras y excelentes profesionales. Hoy, más que nunca, asegurar la independencia judicial es asegurar el futuro de la democracia.