Garoña 2019: incertezas y política
la decisión estaba anunciada y casi amortizada en nuestra desconcertada sociedad civil, pero su materialización invita a la reflexión, con más interrogantes que certezas. Lo único seguro y cierto es que el Gobierno central ha decidido, mediante orden ministerial publicada en el BOE, prorrogar la vida útil de la central de Garoña hasta 2019, siempre que la empresa explotadora solicite tal ampliación del plazo de vida útil. Los tres motivos que se alegan, incontestables pero no suficientes para tranquilizar a la opinión pública, son de corte económico: el déficit del sector eléctrico, la dependencia energética y el impacto que el cese anticipado de la central tendría en la economía, el empleo y la recaudación de impuestos en la zona.
En esta materia nuclear, y en particular en materia de seguridad, la omnisciencia queda para los sabios. Nadie puede pretender afirmar ahora que, por ejemplo, la secuencia de hechos naturales y tecnológicos acaecidos hace un año en Japón fuera previsible y predecible. Hay muchos supuestos expertos que pontifican o demonizan, según toque, unas y otras posturas. Alimentan debates que desvían el foco de atención, alejándolo de lo relevante, que debe centrarse en estos interrogantes: ¿Hay que establecer requisitos de seguridad adicionales a las centrales nucleares? ¿Hubiese sido posible minimizar el riesgo del accidente entonces materializado en Japón? ¿Puede debatirse sobre un tema de tanta entidad y complejidad sometidos a la tiranía mediática y social de la cultura de lo inmediato?
Aquel desastre, que sacudió a un Estado del primer mundo, nos ayudó, junto a otras reflexiones sobre el debate energético, a relativizar toda verdad absoluta acerca de los modelos de desarrollo y de los límites de esta imparable inercia, fruto de un concepto obsesivo y voraz de progreso que impulsa la demanda de energía para satisfacer nuestras crecientes necesidades sociales frente al coste que en términos medioambientales tal tendencia posmoderna trae aparejada.
En el siniestro de Japón, la transformación de la catástrofe natural en desastre nuclear alteró el guión, y el acento pasó a ponerse en la dimensión de seguridad y en la trágica evidencia de que el riesgo "cero" no existe. Y es un debate extraterritorial, que desborda obviamente las fronteras de cada Estado. Desde Euskadi pensamos, por ejemplo, en la central de Garoña, pero no podemos olvidar que Francia tiene casi sesenta centrales, entre ellas la de Burdeos. Y los siniestros nucleares no conocen de fronteras ni de Estados.
El debate sobre la energía se parece a una especie de Guadiana mediático y social, que surge y desaparece en función de parámetros a veces difíciles de controlar. Durante los meses precedentes al desastre japonés, y cuando se cuestionaba la seguridad de algunas instalaciones nucleares, la Unión Europea defendió, a través de la Comisión Europea, el papel de la energía nuclear en la lucha contra el cambio climático.
En numerosas ocasiones la Comisión Europea ha defendido de forma vehemente el papel de la energía nuclear, ha anunciado una serie de medidas para facilitar las inversiones en el sector y trabajar así para eliminar las dificultades ligadas a la obtención de autorizaciones, la financiación y los diferentes regímenes de responsabilidad nuclear. Tras Fukushima, todo esto saltó por los aires. El factor prioritario pasó a ser cómo garantizar la seguridad y cómo justificar el esfuerzo inversor destinado a modernizar las envejecidas centrales nucleares ante el riesgo derivado de su longevidad.
Resulta sorprendente que el debate sobre la continuidad de las centrales nucleares se suscite aquí como un mero debate social o económico. En nuestro contexto territorial más cercano, los 343 empleos directos y los otros casi 1200 indirectos que se perderían por el cierre de Garoña son cifras para la reflexión, pero no para pivotar sobre ellas el debate acerca de la continuidad de la central nuclear.
Seguridad, gestión de residuos y transparencia son factores cruciales para que los ciudadanos abordemos con serenidad el debate acerca de la energía nuclear, de la que casi nada sabemos. El filósofo Daniel Innerarity ha introducido en este contexto otro factor clave, el de "justicia intergeneracional". ¿Debemos "ahorrar" este debate a generaciones futuras? ¿Castigamos al planeta obviando el problema que heredarán nuestros hijos y nietos?; son, tal vez, demasiadas preguntas sin respuesta, a las que cabría añadir la cuestión fundamental: ¿podemos prescindir de la energía nuclear? Este ha de ser, a mi juicio, el verdadero debate pendiente.