la sentencia del denominado caso Bateragune vino precedida de siniestros presagios. Tras varios meses de silencio respecto al contenido nuclear del proceso de paz, en estos últimos días se han producido las alarmantes declaraciones del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, y el argumento clave del proyecto de Plan de Paz del lehendakari López. El fiscal general advirtió que no es posible la legalización de Sortu mientras ETA siga existiendo, y Patxi López planteaba la pacificación sólo tras la disolución de ETA. Como colofón a estas aseveraciones, la Audiencia Nacional ha considerado que Arnaldo Otegi, Rafa Díez Usabiaga, Miren Zabaleta, Sonia Jacinto y Arkaitz Rodríguez están integrados en ETA en calidad de dirigentes. Nada menos. No se lo creen ni ellos, pero estamos en puertas de una nueva contienda electoral, y es conveniente volver a situar a ETA en primer plano para arañar votos.
Una vez más, se entrecruzan, chocan más bien, la lógica del Estado y la lógica de la inmensa mayoría de la sociedad, y no sólo de la vasca. En desigual colisión vuelve a avasallar la maldita tesis del "todo es ETA" a la esperanza de una ciudadanía convencida de que los cinco condenados pretendían precisamente buscar una salida al conflicto vasco por vías exclusivamente democráticas, pacíficas y políticas. La lógica de la razón de Estado ha decidido que, como todavía ETA no se ha rendido ni ha anunciado su disolución, el tribunal de excepción que es la Audiencia Nacional puede aplicar la justicia del enemigo, que en definitiva y aunque no se quiera reconocer, es una prostitución de la justicia. En la línea del fiscal general y del lehendakari, mientras ETA no desaparezca no hay nada que hacer.
En el caso de los procesados por Bateragune, ciertamente, las defensas reconocen que tenían malas sensaciones y que podía esperarse una sentencia de extrema dureza. A ello ha contribuido no poco la furibunda reacción de la derecha extrema española, sus apéndices mediáticos y sus colectivos satélites de víctimas y sindicatos policiales contra los jueces del Tribunal Constitucional que legalizaron a Bildu. A aquella sentencia favorable siguió una nauseabunda campaña de desprestigio contra los magistrados, con nombre, apellido y currículum, que firmaron su voto favorable a la legalización de la coalición soberanista. No es, por tanto, extraño, que algunos jueces españoles se tienten la ropa antes de firmar una sentencia que pueda ser interpretada como debilidad ante la violencia terrorista.
En cualquier caso, cabría preguntarse en qué mundo viven los jueces de la Audiencia Nacional que han condenado a los cinco miembros de la izquierda abertzale adjudicándoles estar al servicio de ETA en su iniciativa política, después de que el más significado de los condenados, Arnaldo Otegi, declarase solemnemente ante el tribunal que le juzgaba que "ETA sobra y estorba". En qué mundo viven, para desconocer que en Euskal Herria hay algunas cosas que han cambiado. Ni de lejos se han tenido en cuenta aquellas palabras del propio Conde Pumpido: "Los jueces tienen que embarrarse las togas en el polvo del camino", es decir, no se puede descontextualizar la administración de justicia del momento histórico en que se esté viviendo. Conde Pumpido, claro, pronunció aquellas palabras en otro contexto, cuando con el aval del Congreso Zapatero buscaba un camino para la paz.
En la sentencia del caso Bateragune hay algo más que una tarea estrictamente jurídica, y así lo interpreta la inmensa mayoría de la sociedad vasca y buena parte de los expertos en Derecho Penal. Aquí lo que ha habido es otra vuelta de tuerca para forzar la rendición de ETA, y los jueces han ejercido de mamporreros sin más esfuerzo que dar por buenas las tesis del fiscal, y éste las especulaciones de los policías. Aquí lo que ha habido ha sido lisa y crudamente, la aplicación de la justicia del enemigo.
No nos coge de nuevas este atropello judicial, teniendo en cuenta que siempre hay quien se dedica a poner palos en las ruedas. La izquierda abertzale interpreta, con razón, que ha sido un nuevo intento de entorpecer el proceso iniciado precisamente por los condenados. A estas alturas todavía está por ver cuál vaya a ser el desarrollo de ese proceso, pero no deja de ser importante y tranquilizador que la sentencia haya sido recibida desde ese sector con serenidad y con la afirmación contundente de que las condenas no van a afectar al proceso en marcha.
