En cualquiera de las opciones, A, B, C o D, que vayan a utilizar para participar en las próximas elecciones del 22 de mayo, los promotores de Sortu tienen ya la campaña hecha. Sin más esfuerzo económico o militante, el nuevo partido surgido de la izquierda abertzale todavía ilegalizada está más que suficientemente publicitado como para entrar en campaña con la ventaja de tener recorrido ya ese complicado camino de la comunicación.

Sortu, de una manera u otra, va a estar en las elecciones del 22 de mayo. Y ya tiene hecha buena parte de los deberes preelectorales gracias a la impagable publicidad que se le está regalando. Ahora queda su habilidad para rentabilizar el agravio, para usufructuar el victimismo.

Tan descaradamente arbitrario ha sido el fallo del Tribunal Supremo, que nadie, y menos los juristas imparciales, se creen los presuntos fundamentos jurídicos que han llevado al alto tribunal a denegar la legalización de Sortu. Una vez más, el impulso político y la presión mediática han inducido la sentencia. El Supremo ha cumplido. Los responsables de esa penosa claudicación de la Sala 61 dicen que no pasa nada, que en un Estado de Derecho es posible el recurso al Tribunal Constitucional y, en el colmo de la desfachatez, hasta expresan la opinión generalizada de que, aunque tarde, lo más probable es que en esa máxima instancia quede rectificado el fallo del Tribunal Supremo.

Tal desafuero legal, tal disparate judicial, han convertido a Sortu en mártir perjudicado por una cuestión de Estado. Tras el fallo de no legalización, y durante todos estos días -y lo que te rondaré-, Sortu ha ocupado portadas, páginas y páginas, horas de emisión audiovisual, comentarios, tertulias y análisis. Cualquier partido hubiera dado lo que le pidieran y estuviera en su mano por tan extenso tratamiento en época preelectoral, más aún cuando la inmensa mayor parte de las opiniones han incidido, paradójicamente, en lo acertado y pertinente del fallo perpetrado por la Sala 61. En España, encantados, pero Sortu no va a presentarse a las elecciones en España sino en Euskadi, y aquí muy pocos están de acuerdo con su ilegalización. Ha sido un absurdo que eleva hasta el infinito la imagen del agraviado, más aún con la habilidad que el sector representado por Sortu ha tenido siempre para rentabilizar el victimismo.

En la catarata de opiniones tras la sentencia del Supremo, además, han abundado tanto los despropósitos y las incoherencias que cualquiera que ejercite una pizca de racionalidad deducirá que el empeño en ilegalizar a Sortu no tiene más base que la avidez del partidismo y el provecho electoral. Un partidismo y un aprovechamiento ruines y tramposos, que hacen bueno el intento de Sortu de someterse a la ley.

El fallo del Supremo ha expuesto al aire las vergüenzas de los que antes, aunque tímidamente, aplaudían el paso dado por los ilegalizados, los que, como el lehendakari López, protestaban por las continuas subidas de listón para homologar a Sortu para después -vistos los colgantes, macho- declarar sin despeinarse que "aún no han dado los pasos suficientes". La incoherencia como argumento a favor de los perjudicados.

El fallo ha dado pie, también, a otros desahogos desmesurados de quienes basan su prosperidad partidaria en la política antiterrorista de mano dura, cadena perpetua y exclusión social para los malos. Un Rajoy eufórico, pontificaba que "Sortu nunca debe ser legalizado", constituyéndose a sí mismo en fuente del Derecho y árbitro de la legalidad. Una Rosa Díez, hinchada la vena del patrioterismo histérico, aplaudía el fallo de la Sala 61 puntualizando: "El mérito ha sido de la Guardia Civil". Suma y sigue, y Sortu recogiendo la cosecha de los despropósitos.

Sólo planean unas leves sombras en esta pole position para la campaña electoral en la que, paradójicamente, ha situado a Sortu una sentencia a todas luces injusta. El sector, minoritario, aislado y recalcitrante de la izquierda abertzale histórica que nunca vio con buenos ojos la evolución que ha derivado en la ruptura explícita con la actividad político-militar y en la aceptación de la Ley de Partidos, puede agitar el descontento de algunos sectores blandiendo la constatación del empeño ilegalizador del Estado español. Al parecer, el riesgo está controlado y esa contestación interna en ningún caso podría provocar una vuelta atrás.

Otra sombra, ésta se supone que incontrolada, es la que proyecta ETA. Su silencio, por ahora, no es preocupante porque confirma el alto el fuego permanente, general y verificable proclamado la última vez que habló. Pero puede ser inquietante el hecho de que la organización armada diera luz verde con tanta demora, tanto se lo pensó, que ahora obliga a Sortu a agotar las vías legales apresuradamente y con la lengua afuera. Y eso, lamentablemente, puede significar que existe tensión interna.