Aestas alturas, nadie puede creer en casualidades. Es, cuando menos, sospechoso, que la Guardia Civil por sí o asesorando a la Policía francesa haya llevado a cabo operaciones de envergadura contra presuntos miembros de ETA, precisamente cuando el Tribunal Supremo acaba de recibir el primer recurso del Gobierno español contra la legalización de Sortu. En el primer caso, según la versión oficial, se trataba de un comando dormido, es decir, no operativo en este momento. La Guardia Civil despertó de madrugada a este comando justo ahora, cuando pudo hacerlo antes, o más tarde. Ha procedido en el momento oportuno, haciendo uso de la impune discrecionalidad que permite detener por sorpresa para provecho político. En el segundo, policías galos detienen a la enésima cúpula militar de la organización. Cuando el escenario político vasco tiene como actor principal el destino legal de Sortu, lo que interesa es sacar a ETA a escena.
Por tanto, nada de azar, nada de golpes de eficacia policial. En esta guerra vale todo y, por supuesto, vale controlar los tiempos e incorporar nuevos elementos. Al tal comando Otazua, para tratarse de un comando dormido, se le ha atribuido tal historial que pasará como uno de los más activos en los anales de ETA. Pues menos mal que estaba dormido. Dos asesinatos, otros doce atentados, bombas trampa, coches bomba, carteles trampa, cientos de kilos de explosivos y un buen surtido de armas. Además, un número indeterminado de atentados frustrados, uno de ellos planeado contra el lehendakari López. Todo ello con pelos y señales, para conocimiento -y estremecimiento- de la opinión pública.
Porque aquí todo vale. Vale incluso la ya habitual violación del secreto del sumario, que es la manera más eficaz de difundir impunemente la sombra de culpabilidad ciscándose en la constitucional presunción de inocencia. Está por ver todavía alguna acción judicial para investigar de oficio el origen de esas filtraciones, que cumplen la doble misión de predisponer a la sociedad contra los detenidos y enfangar su reputación, aunque al final resultasen absueltos. En el caso del comando Otazua, la estrategia de la violación del secreto sumarial pervierte de manera más que subliminal el ambiente para la legalización de Sortu, teniendo en cuenta que el Gobierno español sigue empeñado en considerar que el nuevo partido de la izquierda abertzale no está suficientemente desvinculado de ETA, por más comunicados de rechazo expreso a esa violencia que difunda. En este río revuelto de asesinatos, explosivos y magnicidios frustrados pescan los que no quieren ver a Sortu en las urnas.
Como corresponde, los medios dan por buena la versión oficial, la airean en grandes titulares, la reiteran durante varios días, y ahí queda la foto fija de los sanguinarios detenidos. Como todo vale, vale también silenciar clamorosamente la denuncia de torturas físicas y psicológicas por parte de los detenidos. Una vez más oímos hablar, en sordina, por supuesto, de la bolsa, las vejaciones de carácter sexual, las amenazas y las presiones insoportables hasta la autolesión. Y no pasa nada. Como de todos es sabido, dicen que ETA ordena a sus militantes la denuncia de torturas. Es la coartada de rigor para que se les vaya la mano impunemente sin que la opinión pública ni los medios que la manipulan pestañeen siquiera ante los relatos escalofriantes de los presuntamente torturados.
Pero la casualidad ha querido -porque eso sí que no estaba previsto- que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya vuelto a condenar al Estado español por no investigar denuncias de torturas a un detenido en 2002. Hace seis meses, el Tribunal de Estrasburgo ya emitió una sentencia similar. De nuevo, la vergüenza de la tortura ligada con el sistema policial y judicial español. Los repetidos informes de Amnistía Internacional, las escasísimas condenas tantas veces compensadas con indultos, no han sido suficientes para erradicar la lacra de la tortura en este país. En realidad, el silencio cómplice de los grandes medios impide que la tortura y malos tratos a detenidos lleguen a provocar alarma social. Al Estado le conviene más pagar las indemnizaciones por torturas -total, ¿qué son 23.000 euros?- que impedir en serio que estas se produzcan, de la misma manera que a algunas empresas les es más ventajoso pagar las multas por contaminar que invertir en evitar definitivamente la contaminación.
El Gobierno español, los sucesivos gobiernos, siguen desoyendo las advertencias reiteradas de organismos internacionales preocupados por las detenciones en régimen de incomunicación amparadas en leyes excepcionales, así como la falta de investigaciones imparciales y mecanismos efectivos de rendición de cuentas y reparación a las víctimas cuando se producen estos hechos.
Pero, como puede verse, todo vale.
