Mediados los ochenta nació el núcleo duro del socialismo guipuzcoano la denominación mediática "banda terrorista" como referencia a ETA, título que prosperó hasta el punto de que muy pronto se convirtió en habitual y ahí sigue. Era reminiscencia y referencia de la Ley franquista contra el Bandidaje y el Terrorismo promulgada para combatir a la guerrilla del maquis. Dada la zafiedad de Antonio Basagoiti, quizá sería excesivo atribuir a su exabrupto "el mercenario de los procesos Brian Currin y su banda de mediadores" la sutileza de vincularlos a ETA. Demasiado ingenio para tan cateto cabecilla político.

Con tales coces ha recibido el PP al Grupo Internacional de Contacto (GIC). Con más consideración pero no menos hostilidad ha saludado el Gobierno vasco y, por extensión, el PSE, al equipo de expertos en derechos humanos, resolución negociada de conflictos y reparación de daños, dispuesto a trabajar para promover y agilizar el proceso de paz auspiciado por Brian Currin. El Ejecutivo presidido por López no piensa reunirse con ellos porque -a fin de cuentas, como Basagoiti-, creen que aquí no pintan nada.

Por elevación, esta es la actitud del Gobierno español, la del PSOE de Rubalcaba y la del PP de Rajoy. Y en el fondo, un rechazo asustadizo a lo que se ha dado en denominar "internacionalización del conflicto" porque los trapos sucios se lavan en casa, lo cual quiere decir que nunca van a lavarse.

En otra actitud están partidos como el PNV o EB, que saludaron la presentación de los componentes del GIC como una aportación positiva, dejando claro por otra parte que corresponde a los responsables políticos que representan a la sociedad vasca afrontar y liderar el proceso de pacificación y normalización.

Definidos estos posicionamientos, conviene definir sin prejuicios el papel y la justificación de la constitución del GIC, la tarea encomendada a "la banda" que, lejos de servir a la estrategia de ETA, tratará de agilizar y posibilitar el logro de la normalización política. La banda, que lo sepa Antonio Basagoiti, ha venido simplemente a ayudar.

Los integrantes del GIC no han venido a ejercer de mediadores, puesto que no son aceptados por todas las partes y solo trabajarán con los partidos en el caso de ser requeridos para ello. Han sido convocados, entre otros, por Lokarri, lo que les otorga la misma legitimidad que cualesquiera otros expertos llamados por partidos, instituciones o grupos para colaborar en las más diversas materias. Se tendrán o no en cuenta sus aportaciones, pero no puede dudarse de la legitimidad de los convocados.

Su labor, en principio, va a consistir en hacer recomendaciones. Teniendo en cuenta que se trata de personas con amplia experiencia en conflictos de muy diversos lugares del mundo, es lógico que sus puntos de vista debieran ser valorados para desbloquear problemas enquistados y sin resolver.

Entre los componentes de la banda, que lo siga considerando Basagoiti, hay expertos en materia policial y de seguridad, en prevención de la tortura y los malos tratos, en memoria, justicia y reparación de las víctimas, en presos y en labores de mediación y facilitación. Son perfiles y currículos difícilmente controlables por ningún partido político, y nada sospechosos de afinidad con la izquierda abertzale para tranquilidad de temerosos o mal pensados. Garantizada la independencia de criterio, tendrán que cuidarse mucho de las tentaciones de utilizarlos como mera plataforma publicitaria de cara a la opinión pública.

Se ha levantado la alarma respecto a que el GIC se ocupe de la verificación técnica del alto el fuego de ETA, que requiere de unos recursos y una capacidad de información que solo está al alcance de los cuerpos de seguridad. No es, por tanto, esa la tarea del Grupo. Pero sí puede serlo desde la verificación política, orientada a actuar de salvaguardia ante cualquier tentación de ETA de volver a la violencia. Esa vuelta contaría con el rechazo inmediato del GIC, que para la organización armada representa a la comunidad internacional. La banda, que lo siga sabiendo Basagoiti, ejercerá como escudo y garantía de la irreversibilidad del alto el fuego. Que no es poco.

Ello no exime, ni mucho menos, a los partidos vascos de su obligación de afrontar la resolución definitiva del conflicto. Y se supone que esa solución será más posible en ausencia de violencia. Al menos así debería serlo, a menos que algunos pretendan mantener vivo el conflicto mientras les siga siendo electoralmente rentable.

La banda, insisto, señor Basagoiti, ha venido a ayudar. Sea bienvenida.