ESTA columna corre el peligro de convertirse en una crónica de sucesos negativos para la sociedad porque no hay una semana en la que no tengamos que constatar nuevos síntomas que agravan los males endémicos del enfermo. El drama de la economía española puede transformarse en una tragedia. Así, junto a síntomas dramáticos como el fuerte desempleo que no baja y el estancamiento de la economía, ahora llega la turbulencia de la pérdida del poder adquisitivo, consecuencia directa del fuerte tirón inflacionista del IPC español en 2010 (3 por ciento), muy superior al registrado en la eurozona (2,2%). Los damnificados son los mismos de siempre, los menos favorecidos en un mercado globalizado y neoliberal, es decir todos aquellos que viven de un salario que ha subido menos que los precios, los funcionarios que han visto reducir su sueldo y los pensionistas que se quedan sin revalorizar sus ingresos porque se impone una política de austeridad en el gasto.
El fuerte encarecimiento de la vida llega en el momento más inoportuno, cuando la reforma laboral no está dando los frutos prometidos y en medio de la negociación para la reforma de las pensiones que alargará la vida laboral. Pero también llega contra corriente porque la debilidad del mercado de trabajo presiona a la baja los costes laborales, mientras que el consumo interno languidece afectado por la anemia económica. Dicho en otras palabras, suben los precios de productos, bienes y servicios porque hay factores y medidas artificiales que, lejos de dinamizar la economía, inciden en la carestía de la vida, como son el precio de las materias primas y la subida de impuestos.
Ambas circunstancias han marcado la evolución del IPC español en los últimos meses, recortando la riqueza de la ciudadanía en sus coordenadas más sensibles, como son la creación de empleo y el poder adquisitivo, contrastando con la situación en otros países de la zona euro donde se registra un fuerte crecimiento económico (Alemania ha crecido un 3,6%) y menor inflación. Sin olvidar que el fuerte endeudamiento público y privado ocasiona una gran desconfianza en los mercados internacionales, porque, se diga lo que se diga, el sistema financiero español sigue necesitado de ayudas públicas para hacer la digestión después del atracón de activos inmobiliarios muy caros. La última subasta del Tesoro, aunque haya sido cubierta en su totalidad, se cobra una fuerte prima de riesgo.
Pero no terminan aquí los problemas. En breve, la reforma de las Cajas de Ahorro demandará ayudas por valor entre 30.000 y 80.000 millones de euros en función de las provisiones que tengan que realizarse sobre los activos problemáticos detectados por el Banco de España (181.000 millones). La idea es cubrir estas necesidades con dinero privado, pero va a ser difícil, prácticamente imposible, captar esos millones en el mercado, razón por la que tendrá que ser el Estado, vía el FROB, quien financie la reforma, para, según el propio Gobierno español, recuperar la confianza perdida.
Ahora bien, las provisiones no serán participaciones preferentes como hasta ahora, remuneradas al 7,75%, sino como cuotas participativas o acciones si se transforman en bancos, lo cual significa dos cosas, por un lado, es el Gobierno el que pasa a ser el gestor real de las cajas que necesiten ayudas públicas al adquirir derechos políticos que, hasta ahora, estaban en manos de las Comunidades Autónomas, Diputaciones y Ayuntamientos afectados, y, por otro lado, se registrará un incremento de la deuda pública. La medida podría llegar antes de fin de mes por la vía de un Real Decreto, aunque de momento no cuenta con el apoyo del Banco de España al considerar suficientes las inyecciones concedidas por el FROB, al tiempo que estima que la reestructuración de las cajas está cerrada porque las fusiones frías o calientes que restan por realizar no necesitan fondos públicos, como es el caso de las cajas vascas.
En consecuencia, estas nuevas ayudas públicas o privadas (que vendrían a representar entre 30.000 y 80.000 millones de euros) ponen de manifiesto o evidencian que no han aflorado todos los problemas de las cajas de ahorros, mientras que la banca privada sigue lastrada por su resistencia a reducir los precios de sus activos inmobiliarios. Como verán, el guión de la ecotragedia española sigue añadiendo capítulos negativos, mientras que el Gobierno sigue dando muestras inequívocas de su incapacidad para salir de la crisis y de su inclinación a solucionar los problemas del sistema financiero.
Alguien con muy buen criterio, desde mi punto de vista, ha rebautizado al PSOE como PSBE, que significa Partido Socialista Banquero Español.
