hACE bien Urkullu (PNV) en advertir que el acuerdo alcanzado con el PSOE sobre los Presupuestos para 2011 no significa un pacto de legislatura aunque, evidentemente, garantice la continuidad del gobierno socialista hasta el final de la misma. Apoyar las cuentas españolas para el próximo año no debe interpretarse como un cheque en blanco a la política económica de Zapatero, sino la oportunidad de hacer cumplir la ley (Estatuto de Gernika) ante la situación de "emergencia nacional" en que se encuentra la economía española.
La política tiene estas cosas y el ejercicio eficaz de la misma depende muchas veces de saber aprovechar las oportunidades que brindan circunstancias como las actuales donde Zapatero tiene comprometido su escasa credibilidad tras prometer ante la Unión Europea reducir el déficit público. No lo tiene fácil, los Presupuestos para 2011 contemplan una reducción del déficit y se apoyan en unas previsiones de crecimiento económico muy superiores a las realizadas desde otras instituciones. Pero los socialistas necesitaban (sí o sí) sacar adelante sus cuentas para evitar males mayores. En caso contrario, se hacía obligada la convocatoria de elecciones anticipadas, lo que frenaría de golpe el débil proceso de recuperación, así como la posibilidad de perder esas elecciones.
En estas circunstancias, el PNV ha negociado para que se dote al País Vasco de una mayor capacidad de autogobierno. Mejor dicho, para que se cumpla la Ley y la sociedad vasca adquiera los niveles de autonomía que le corresponden desde hace 30 años. Llegados a este punto, hay que lamentar la mezquindad de algunos políticos que sólo aceptan cumplir la Ley cuando una situación de emergencia les obliga a ello.
Dicho esto, aparecen en el horizonte dos factores que mueven a la preocupación. El primero de ellos es el propio Zapatero y la credibilidad que muestra. Los últimos seis años han demostrado que el actual inquilino de La Moncloa no es de fiar. Es capaz de prometer cualquier cosa con tal de salir del apuro, que después no cumple (Cataluña, Navarra, etc.). Habrá que esperar para ver la diligencia que muestra en el proceso de transferencia de las competencias pendientes.
Por otro lado, el segundo factor de preocupación lo protagoniza Patxi López y su capacidad para la gestión económica. Más competencias significan un recorte en el cupo a pagar al Estado. Es decir, más dinero para administrar. Pero para el Gobierno Vasco, más dinero puede representar la oportunidad de destinarlo al gasto corriente o a la reducción del déficit, dejando sin contenido económico a las nuevas competencias, tal y como ha ocurrido en este año en el capítulo de I+D+i o con pequeñas partidas presupuestarias destinadas a la formación profesional.
