Cuándo piensa el gobierno, con ello las comunidades autónomas y la propia justicia, solucionar el grave problema de las ocupaciones ilegales, sea en propiedades privadas o públicas, por parte de personas desaprensivas que se amparan en “el dejar hacer” y en la falta de una ley, una normativa eficaz y rápida para el desalojo. Cuánto daño y sufrimiento causan a quienes lo padecen, especialmente a particulares.
El hecho de que precisen de una vivienda o lugar de acogida no les da ningún derecho a hacerse con propiedades ajenas, cualquiera que fuera su titular, al margen de que no todos los “ocupas” lo hacen por necesidad y sobre todo los hay que son delincuentes habituales.
Soluciones ya, déjense de tantas provocaciones y egos, trabajen para la sociedad a la que se deben.
