Resumir que cuando un cargo político deja la administración pública y retorna a la actividad privada se exigen dos años de barbecho profesional no es cierto.
El cargo público que regresa a su actividad privada tiene derecho a cobrar durante un máximo de dos años un porcentaje de su salario público, pero no implica que el erario colectivo debamos pagar por sistema 24 meses de vacaciones o de actualización profesional si no es imprescindible.
Es oportuno recordar que su acceso a un empleo privado está sometido a autorización en función de que no haya en él atisbo de favorecer o favorecerse, en el pasado o en el futuro, de la eventual relación de la empresa con la Administración. Y, por último, convendría decidir si es lógico que un o una buena profesional de un sector determinado aterrice en la gestión pública de ese ámbito y vuelva a él al retomar su carrera profesional o, por el contrario, debe reciclarse y empezar de cero en otro sector. A ver a cuántos atraemos al servicio público.
La exconsejera de Salud Gotzone Sagardui nos ahorrará año y medio del sueldo público al que tiene derecho porque, seis meses después de dejar el Gobierno, ha sido contratada por una clínica privada que no ha tenido relación con Osakidetza durante su responsabilidad pública ni, confirma el Departamento, la va a tener en el futuro. “Puertas giratorias”, “devolución de favores”, son mensajes sin control de veracidad, pero retroalimentan a otros previos o posteriores. Parafraseando a Thomas Jefferson, el relato de la privatización de Osakidetza debe regarse regularmente con la apariencia de un agravio. Bueno, él habló del árbol de la libertad y la sangre de patriotas y tiranos, pero algo han oído en EH Bildu, Sumar, Podemos...
