EL autogobierno no es un instrumento que funcione y pueda activarse o llenarse y vaciarse de contenido en virtud de coyunturas y estrategias políticas. El Estatuto de Gernika es al mismo tiempo un pacto entre vascos y de Euskadi con el Estado y se erige como la norma institucional básica sobre la que el Pueblo Vasco o Euskal Herria se constituye en comunidad autónoma como expresión de su nacionalidad, según reza el texto refrendado por la ciudadanía hace más de cuatro décadas. El sistemático incumplimiento del Estatuto durante casi 43 años y las continuas políticas de recentralización son, por tanto, un fraude a la voluntad de los vascos y un incumplimiento de una ley orgánica. Muchas han sido las excusas de los distintos gobiernos españoles para justificar que queden aún una treintena de competencias sin transferir a Euskadi. En las últimas fechas, el Ejecutivo de Pedro Sánchez está echando mano de algunos de esos pretextos. El propio presidente arguyó durante su intervención en el debate de política general en el Congreso que son los ministerios de su gobierno los que rechazan traspasar determinadas competencias, un argumento insólito y que cae por su propio peso, legal y político. Tras varios meses (ocho) sin respuesta a las propuestas realizadas por el Gobierno vasco para abordar varias materias a transferir, ayer la ministra Isabel Rodríguez y la consejera Olatz Garamendi mantuvieron un encuentro en Leioa del que no surgieron frutos reales. La consideración realizada por la también portavoz del Gobierno Sánchez de que se trataba de una “reunión protocolaria” es ilustrativa de la escasa voluntad de acometer lo que no deja de ser una deuda histórica con Euskadi. Continúa sin haber por parte del Ejecutivo respuesta a las demandas y propuestas del Gobierno vasco, más allá de una previsión, sin la presentación de documento alguno que avale esa posibilidad, de que en octubre podría cerrarse la transferencia de los trenes de cercanías. El Gobierno español parece seguir jugando con los tiempos y la burocracia para retrasar y dilatar sine die los traspasos pendientes mientras activa políticas recentralizadoras o que chocan con las competencias vascas y el Concierto, como recientemente han denunciado también los consejeros de Educación y Economía y Hacienda. La voluntad política efectiva está reñida con la “protocolaria”. l