L 2 de octubre del presente año, la reina Isabel II presidió la sesión inaugural del Parlamento escocés de Holyrood , con el trasfondo de un segundo referéndum de independencia en 2023 en las Highlands escocesas. Desde 2016 Isabel II no visitaba el Parlamento escocés, y a pesar de que la situación política es cuando menos movida, la soberana evitó inmiscuirse en cuestiones políticas e hizo un llamamiento "a la renovación y a las nuevas ideas". Este es el modus operandi de la reina Isabel II, tal y como ha venido demostrando desde años atrás, no en vano allá por 2014, en la antesala del referéndum de independencia escocés y a la salida de una misa durante sus vacaciones en Balmoral, lanzó un breve mensaje a la ciudadanía escocesa que tuvo un gran impacto: "espero que la gente piense muy cuidadosamente sobre el futuro". El 18 de septiembre tuvo lugar el referéndum y ya sabemos lo que ocurrió: gano el "no" por 10 puntos de diferencia. Dicho referéndum fue posible porque la Constitución inglesa es una especie de entelequia porque no está escrita y por lo tanto, adolece ella de prohibición alguna de celebrar referéndums de ningún tipo.

En el Estado español, por el contrario, la Constitución española proclama la indivisibilidad de España en su artículo segundo, y atribuye al propio Estado español (Corona, Gobierno y Cortes) la competencia en materia de referéndums. Para la celebración de un referéndum de esta índole, no basta con una decisión gubernamental, sino que debería recabarse también la aprobación de las Cortes y el asentimiento de la Corona. Por lo tanto, se antoja harto dificultoso el camino a recorrer para posibilitar un referéndum de autodeterminación en suelo español, ya que aquí la Carta Magna actúa como "cortafuegos" ante las "veleidades secesionistas de vascos o catalanes". Ahora asistimos a un mínimo común denominador en el procés catalán y en el conflicto vasco: ambos, en estos momentos, están tocando suelo en cuanto al apoyo pro-independentista, tal vez por el hartazgo y la desilusión que provoca en la ciudadanía tantos años de implicación que luego no se ve recompensada con un referéndum. Porque las vías rupturistas no tienen mucho recorrido político y generan división social, por lo que la bilateralidad cobra, si cabe, mayor sentido. Ahora bien, con una Constitución como la española, tan rígida y poco dada a cambio alguno, resulta difícil, cuando no imposible, el reconocimiento a la nación vasca y a la bilateralidad entre las instituciones de Euskadi y las del Estado español.

* Analista