Como el pasado domingo en Foronda recordó oportunamente Andoni Ortuzar, presidente del EBB, el 30 de diciembre de 2019 él mismo y Pedro Sánchez firmaron un acuerdo de investidura que vinculaba y vincula a EAJ-PNV y a PSOE en esta legislatura. Dicho documento, de general acceso, consta de 12 puntos (entre ellos el sustancial nº 4, que destacó Ortuzar en relación con la negociación del nuevo Estatuto de la CAV) e incluye como punto nº 11 el compromiso de "abrir cauces para promover la representación internacional de Euskadi en el ámbito deportivo y cultural". Es decir, como cualquier exégeta del texto (de aquí, de allá y de acullá) ha entendido cabalmente, se trata, en lo referente al deporte, de hacer realidad la oficialidad internacional de las selecciones vascas, y ello con base en una singularidad que ya es reconocida constitucional y legalmente en otras vertientes competenciales.

Aunque la concreción del susodicho acuerdo habría de extenderse al actuar diario tanto de la administración deportiva dependiente del Ejecutivo central (llámese Consejo Superior de Deportes) como del entramado federativo español en cuanto ejerciente de funciones administrativas delegadas, esa necesidad de cumplimentación de lo acordado tiene una ocasión idónea para su plasmación formal cual es la nueva Ley española del Deporte, que está hoy en fase de anteproyecto y trámite de consultas. Conocido ya el borrador propuesto por el Gobierno Sánchez, y tras las aportaciones externas de los sectores afectados, su entrada en el Congreso se anuncia para finales de año y su aprobación, en el mejor de los casos, para el verano que viene. Estamos ante un tren que hay que coger.

¿Por qué lo decimos? Porque quizás alguno anterior lo perdimos. Sin especial querencia por la melancolía, sí es cierto que la experiencia ha demostrado que la Ley española vigente, aprobada en 1990, ha sustentado una interpretación claramente centralista de las facultades en materia de representación deportiva. El tenor de la ley podía -y puede hoy- entenderse como un deterioro más de las competencias vascas, que no olvidemos son exclusivas (nominalmente) en el deporte (artículo 10.36 del Estatuto de Gernika), pero no fue recurrida en su día ante el Tribunal Constitucional, y fue luego el Gobierno español, que siempre juega en casa, el que impugnó la Ley vasca del Deporte, con un resultado ciertamente chirene. El TC, en una sentencia llamada interpretativa (eufemismo para no calificarla de otra manera, y no elogiosa) rechaza el recurso estatal y deja el texto vasco tal cual, eso sí, con una interpretación restrictiva que busca no deteriorar una sobrevenida competencia estatal de representación unitaria que no aclara de dónde nace, y que se basaría en una ley ordinaria (precisamente la ley española del deporte) y no en el bloque de constitucionalidad (Constitución y Estatuto), como correspondería. Lo que sí confirma el alto tribunal es que el régimen de integración en federaciones internacionales lo disponen los estatutos propios de éstas, tratándose de normativa asociativa privada y no de derecho público.

Con todo, y por lo dicho, puede resultar especialmente relevante el sentido y dicción de la nueva Ley del Deporte, o al menos podría superar la situación de indefinición en la que nos movemos, y hacerlo apostando por el respeto a la pluralidad propia de un estado compuesto, y no otra vez por la cortedad de miras del españolismo deportivo más rancio. En nuestro caso en defensa de la singularidad y especificidad vasca, que alcanza a la cultura y al deporte, como acertadamente recoge el pacto político al que toca dar efectivo cumplimiento.

No desaprovecharemos el viaje para recordar que hay otros acuerdos en esta materia por cumplir, y en este caso puertas adentro. Nos referimos a los adoptados democráticamente, y por mayorías abrumadoras, por nuestras y nuestros deportistas en el seno de las federaciones deportivas que les representan. Esa manifestación de voluntad nítida hay que llevarla adelante, por difícil que sea la labor, superando la tentación del cajón y de la inhibición cuando no interese particularmente a tal o cuál dirigente, o suponga tener que hacer valer criterios incómodos que molesten en Madrid. Esos acuerdos, que son mandatos, a defenderse donde proceda, en Las Rozas, en Viena o en Catar, no dejan de ser reflejo de lo que piensa y siente una gran parte de la sociedad vasca respecto de la oficialidad internacional de sus selecciones deportivas, como recientes encuestas y sondeos de opinión ya han tenido ocasión de actualizar. Tras la escucha activa, prosa que cumplir. En casa y afuera.