I madre me ha dicho que si vuelvo a casa mi padrastro me va a matar. Él me odia y siempre me pega y esta vez, si vuelvo, me matará. Tengo mucho miedo". Amin, nombre ficticio de un chico de 14 años, no quiere regresar a Marruecos. Entró en Ceuta durante la crisis fronteriza del pasado mes de mayo y su testimonio es recogido por las organizaciones de defensa de los derechos de la infancia, Unicef, Save the Children y la Plataforma de Infancia.
Estas organizaciones están en la ciudad autónoma para identificar a los niños más vulnerables. Son decenas y se han detectado casos de malos tratos en el seno familiar, mendicidad, abuso y explotación sexual y laboral.
En este escenario, el viernes 13 de agosto supimos que España y Marruecos han acordado la devolución colectiva de los más de 700 menores marroquíes que permanecen en centros de Ceuta tras su entrada masiva la semana del 17 de mayo. Según estas informaciones, el Ministerio del Interior y la Vicepresidencia del Gobierno de Ceuta están coordinando con las autoridades marroquíes este dispositivo de retorno.
Para las tres organizaciones especialistas en infancia que trabajan en Ceuta, el inicio de las repatriaciones ha sido una desagradable sorpresa; las repatriaciones colectivas de niños no están justificadas en ningún caso; el interés superior de los niños y niñas está por encima de todo y eso no se puede garantizar sin evaluaciones individualizadas; es imprescindible conocer las circunstancias de cada uno de ellos, sus historias, sus necesidades y sus vulnerabilidades; hay que escucharles y tener en cuenta su protección y su voluntad. Lo más importante es su integridad, su salud física y mental y que se encuentren protegidos en todo momento; así lo establecen la Convención sobre los derechos de la Infancia y la legislación internacional que todos los países deben respetar.
Carmen Molina, directora de sensibilización y políticas de infancia en Unicef, ha manifestado: "La legislación es clarísima al respecto. Nos parece increíble que esto esté pasando, cuando nos consta que se están realizando las evaluaciones del interés general del menor, y que no están terminadas. Queremos saber cuál es el amparo legal que les permite hacer esto".
Las tres organizaciones se muestran profundamente preocupadas por las violaciones de los derechos fundamentales de la infancia que se están cometiendo a través de dichas devoluciones e instan en un comunicado a que se paralicen inmediatamente.
"Según las normas españolas, europeas e internacionales, un retorno solo se puede contemplar cuando: 1) sea en el interés superior del niño, 2) la reintegración segura de los niños en su país de origen esté garantizada, 3) que dicho retorno sea voluntario y 4) y que el menor sea escuchado a lo largo del proceso. Por lo tanto, resulta esencial que, tras la llegada al territorio, las autoridades realicen una evaluación del interés superior de cada niño y niña para determinar cuál es la solución duradera que mejor responda a sus necesidades y su bienestar, antes de que se tome cualquier decisión sobre su futuro. Las soluciones duraderas que se pueden entonces plantear al niño pueden ser: la integración en el país de acogida, el reasentamiento en un tercer país, o el retorno al país de origen, ya sea a su familia o al sistema de protección del país de origen. Además, cualquier decisión de retorno de un niño no acompañado tiene que tener como consideración primordial el interés superior del niño y tiene que estar motivada, justificada y explicada caso por caso.
El mismo proceso de toma de decisión está sujeto a un marco legal obligatorio claramente definido, por ejemplo, en la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, la Directiva de la Unión Europea sobre el Retorno (2008/115/CE) o también en la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social y el reglamento referente.
Los recientes retornos de los niños no acompañados que se ejecutaron desde la ciudad de Ceuta están incumpliendo con esta normatividad, vulnerando a sus derechos fundamentales -en algunos casos incluso con el principio de no devolución-, y deben ser, por lo tanto, interrumpidos de inmediato, tal y como ha trasladado el Defensor del Pueblo solicitando el cese de las devoluciones de menores desde Ceuta e iniciando actuaciones de oficio ante el Ministerio del Interior".
La pregunta es: ¿Cuál es la base legal que sustenta esta sorprendente decisión? ¿En qué legislación española, europea o internacional se ampara?
Mientras no haya respuesta, y no la habrá, este hecho es ilegal y profundamente injusto, y si me permiten y tratándose de niños y niñas un acto de obligada denuncia.
