Colaboración

La política de ordenación y desarrollo del País Vasco norte

13.02.2021 | 00:58
La política de ordenación y desarrollo del País Vasco norte

EL contexto actual está marcado, a la vez, por la exacerbación de las tensiones territoriales, con la metropolización de las capitales regionales, el auge del fenómeno periurbano y la despoblación de las zonas rurales cada vez menos dotadas en servicios públicos y empleos, y por el agotamiento de un modelo de desarrollo basado en la concentración de la actividad productiva, la explotación de los recursos naturales y el aumento de las desigualdades sociales. Si estas evoluciones no son específicas al País Vasco norte, encuentran en él una resonancia particular, tratándose tanto de una realidad histórica, cultural y político-administrativa como de un territorio de proyecto. Es preciso dar cuenta de esta manera original de concebir el territorio y de contemplar su ordenación y desarrollo apoyándose en una nueva gobernanza que aspira a asociar todos los actores concernidos en la concepción, implementación y evaluación de las políticas públicas.

Todo empieza a inicios de los años noventa, en un periodo caracterizado por la desaparición progresiva de la violencia política en el País Vasco norte y la voluntad de los poderes públicos de pasar de una lógica de confrontación a una lógica de cooperación entre los poderes públicos y la sociedad civil organizada con el lanzamiento de la Prospectiva País Vasco 2010. Este trabajo, que moviliza los actores del territorio, consta de un apartado diagnóstico que intenta realizar un inventario exhaustivo en los ámbitos económicos, sociales o culturas, y de otro apartado prospectivo, que distingue las diferentes evoluciones posibles del País Vasco situado al norte de la Bidasoa según las decisiones tomadas por las autoridades. Este informe provoca una toma de conciencia de los poderes públicos sobre la necesidad de poner en marcha, de manera urgente y perenne, unas políticas públicas ambiciosas en el territorio.

No obstante, la elaboración y, luego, la implementación de semejantes políticas implica dotar el territorio de un dispositivo de gobernanza inclusivo poniendo énfasis en la participación de los actores de la sociedad civil organizada y la concertación permanente entre estos y los poderes públicos. Esto desemboca, entre 1994 y 1995, en la creación del binomio formado por el Consejo de Desarrollo del País Vasco (CDPV) y el Consejo de Electos del País Vasco (CEPV). Si el primero reúne a los representantes de las principales cooperativas, sindicatos y asociaciones o a personas que tienen una experteza en un ámbito preciso, el segundo aglutina a los principales cargos electos del territorio.

Una vez el dispositivo de gobernanza puesto en marcha, el CDPV elabora y, posteriormente, pone en aplicación una metodología de trabajo que permite a las comisiones temáticas formular unas propuestas concretas en cada uno de los ámbitos abordados por la Prospectiva País Vasco 2010. Esta labor de varios meses, que ha movilizado a los actores locales, desea, de manera concertada, identificar las principales palancas que permitan garantizar, a mediano y largo plazo, una ordenación coherente y un desarrollo armonioso del territorio. Este trabajo da lugar a un proyecto estratégico del territorio, denominado Lurraldea, cuyo espíritu, dirección y principales ejes son precisados, y, luego, al Esquema de Ordenación y Desarrollo del País Vasco en 1997; Esquema que será objeto de una evaluación posterior de cara a la elaboración del Convenio de Desarrollo del País Vasco.

Sobre la base de dicho Esquema que ha sido objeto de una actualización, a fin de tener en cuenta las evoluciones que han podido producirse desde su elaboración, el Consejo de Electos del País Vasco inicia una fase de negociaciones con los poderes públicos implicados en el Contrato de Plan Estado-Región (CPER). Esta negociación, larga y ardua, llena de sobresaltos, está sacudida por unas movilizaciones, en particular a favor de la creación de una Departamento País Vasco.

Esta movilización creciente, tanto por su amplitud como por la naturaleza y la diversidad de los actores implicados, obliga a los poderes públicos a hacer concesiones, especialmente reconociendo el País Vasco norte como país, en el sentido de la ley Voynet, y firmando el Convenio Específico País Vasco, dotado de una financiación pública de 400 millones de euros para el periodo 2001-2006. Este Convenio consta de nueve apartados, el primero de ellos consagrado a la política lingüística a fin de facilitar la revitalización de esta lengua.

Al llegar este primer Convenio a su vencimiento, además de la evaluación efectuada a mitad de camino a fin de ajustar el plan de acción inicial, una reflexión es iniciada para preparar el Contrato de Plan siguiente. Esta reflexión colectiva, denominada País Vasco 2020, es llevada a cabo de manera concertada y según una dirección así como unas modalidades de implementación y evaluación precisas. En este caso también, bajo la égida del Consejo de Electos y en estrecha colaboración con los diferentes poderes públicos, un Contrato Territorial País Vasco es negociado y, posteriormente, aprobado para el periodo 2007-2013. Este último indica los principales ejes a seguir, las modalidades de implementación, las posibilidades de actualización así como los procedimientos de evaluación.

Aprovechando la experiencia acumulada por los actores implicados y una metodología que ha demostrado su eficacia, un dispositivo análogo es puesto en aplicación para la elaboración y posterior implementación del Contrato Territorial País Vasco 2015-2020. No en vano, la fase preparatoria y, luego, la negociación de este Contrato Territorial están fuertemente marcadas por la demanda masiva y consensual de institucionalización del territorio que toma la forma de un Departamento País Vasco y, posteriormente, de una Colectividad Territorial con estatus particular a partir de 2013. Aunque no desee contestar favorablemente a esta demanda, aprovechando la aprobación de la ley NOTRe, el gobierno galo consiente a dotar el País Vasco norte de una institución propia bajo la forma de una Comunidad de Aglomeración País Vasco.

La creación de semejante institución, a partir del 1 de enero de 2017, provoca una modificación del dispositivo de gobernanza de la política de ordenación y desarrollo del País Vasco norte, puesto que, por una parte, el territorio se dota de una institución propia que dispone de competencias obligatorias, facultativas, optativas y adicionales, lo que le permite elaborar y, luego, poner en marcha 21 políticas sectoriales, especialmente en los ámbitos del transporte, del medio ambiente, de la vivienda o de la política lingüística; y, por otra parte, el rol, e incluso, la existencia misma del binomio Consejo de Desarrollo-Consejo de Electos se halla cuestionado. En efecto, el Consejo de Electos desaparece y el Consejo de Desarrollo se encuentra parcialmente asociado a la Comunidad de Aglomeración del País Vasco. No obstante, esta nueva configuración, marcada por la institucionalización creciente, es susceptible de poner en riesgo la nueva gobernanza creada en los años noventa. * Profesor de Sociología UPV/EHU

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