EL Tribunal Supremo se ha hecho un Torra en toda regla: ha desobedecido a sabiendas, como el president, una sentencia judicial superior, alegando también la imposibilidad legal de hacerlo, y se ha atrincherado en su impunidad. Marchena tendría que ordenar de inmediato su propia destitución e inhabilitación. Ya tenemos a dos Parlamentos sede de la soberanía popular enmarronados por decisiones judiciales dudosas: el catalán y el europeo. En el Parlament se adivina una repetición casi calcada del caso Atutxa, haciendo justicia de verdad muchos años después.
