Huelga y hartazgo

LA falta no ya de acuerdo sino hasta de sintonía al finalizar ayer la primera reunión conocida en casi dos meses (desde enero) entre la patronal y los sindicatos de los centros escolares de iniciativa social de la educación concertada vasca se debe entender producto de la interpretación simplista que ambas partes realizan del conflicto al anteponer la vertiente laboral, o empresarial, a premisas intrínsecas esenciales de la labor educativa, también por tanto del concierto suscrito hasta 2022 con el Gobierno vasco. No se trata de cuestionar el derecho a la huelga como medida de presión de las reivindicaciones de los sindicatos ELA, Steilas, CC.OO., LAB y UGT; que razonan en la continuada ausencia de respuesta a sus demandas y en una pérdida de poder adquisitivo del 12% desde 2009, con salarios que, según datos sindicales, tendrían una diferencia de entre 200 y 500 euros brutos al mes, dependiendo del ciclo, respecto a la educación pública. Tampoco de poner interrogantes sobre la siempre complicada sostenibilidad económica de los centros, a los que el concierto con el Departamento de Educación financia tres cuartas partes de sus gastos: el Gobierno vasco destina a la red concertada en torno al 50% (más de 600 millones anuales, 5.000 euros por alumno) de lo que destina a la pública. Se trata de que tras quince jornadas de paros este curso (tres más el pasado) y con la perspectiva de otros seis en las próximas semanas (12 al 15 de abril y 8 y 9 de mayo), es decir, el 14% de las jornadas lectivas, y pese a la mediación del Gobierno vasco en más de 30 reuniones, como desveló la consejera de Educación, Cristina Uriarte; la situación sigue enconada en una absoluta falta de flexibilidad que difícilmente puede acabar deparando beneficio alguno a patronal y sindicatos. Todo lo contrario, solo puede llevar al hartazgo del propio Ejecutivo y de las familias que contribuyen parcialmente al sostenimiento de la red concertada y a ampliar los supuestos déficits educativos que ambas partes dicen pretender reducir cuando esgrimen razones para justificar su rigidez. También, en consecuencia, a la puesta en marcha del arbitraje obligatorio que la legislación laboral contempla para estos casos y que difícilmente satisfará las reivindicaciones planteadas por los sindicatos o vinculará los salarios a la financiación pública, como pretende la patronal.