El Gobierno central, y el Ministerio de Justicia en particular, han preparado con primor el juicio contra el independentismo catalán, tratando de recuperarse de las cornadas recibidas tanto en el interior como desde la comunidad internacional, como consecuencia de los errores cometidos en el procés, tanto en el aspecto judicial como por la mala imagen que se ha creado. Sin embargo, no se debería desdeñar el riesgo que se pueda derivar de la sentencia, sea cual sea, pues el independentismo catalán la necesita del Supremo para presentar recurso en Estrasburgo. El argumento para garantizar la justicia del proceso afirmando que se llamará a multitud de testigos es irrelevante, pues el 80% son miembros de las FSE. El Gobierno da por sentado que el recurso que presenten los presos al TEDH será opuesta a la sentencia del Supremo, salvo que no caigan en la ingenuidad de empeñarse en que sea ejemplarizante para prevenir nuevas veleidades independentistas. Porque no es imaginable que se condene a los políticos catalanes encarcelados, huidos o encausados y a continuación deban de apagar el incendio que surgirá tanto en Catalunya como en colectivos progresistas del resto del Estado o en los países democráticos del globo, ante una sentencia que siempre será política. No cabría imaginar ni como hipótesis que la sentencia de Supremo fuera absolutoria y hubiera que adoptar las medidas lógicas en Catalunya, adecuando la legislación consecuentemente. Lo que sí será una realidad es que, en todo caso, sea la que sea, va a provocar imprevisibles cambios y todo ello por la obcecación de la Justicia española que ha querido imponerse a la de los países democráticos.
