LA decisión del PNV de respaldar los Presupuestos Generales del Estado pese a que el artículo 155 sigue siendo aplicado sobre las instituciones catalanas es munición para quienes girarán facturas políticas desde la oposición en Euskadi que contrastan con la comprensión de los partidos catalanes desde el reconocimiento a su esfuerzo. Facturas de quienes no han asumido riesgo alguno ni compromiso con Catalunya más allá de la retórica y tampoco han dado valor a sus votos con efectos sobre el bienestar de la ciudadanía. La evolución de los acontecimientos ha jugado contra el compromiso jeltzale con las reivindicaciones de Catalunya. Durante medio año, han supeditado su acción política en Madrid al desbloqueo de la situación tras la suspensión del Govern. Una decisión sin precedente ni acompañamiento. La mediación del lehendakari para conservar la iniciativa política en manos catalanas mediante elecciones anticipadas no tuvo en su día los frutos merecidos por el vértigo del momento y la consecuencia es de todos conocida: elecciones de igual modo pero impuestas sobre la suspensión del Govern. Los cinco meses transcurridos desde entonces han sido tiempo ofrecido casi exclusivamente por la acción jeltzale. Pero no han servido para habilitar un escenario de diálogo y se ha vuelto a frustrar sobre la bocina la restitución del Govern catalán antes de que se votaran los presupuestos. En este escenario las decisiones han tenido que ser consecuentes con el hecho de que Catalunya tiene un president elegido por su parlamento; el mantenimiento del artículo 155 tiene visos reales de reconducirse en las próximas semanas; la caída de los presupuestos no favorece la distensión ni su aprobación la dificulta y tampoco la convocatoria de elecciones anticipadas en el Estado -una perspectiva más que factible y con Ciudadanos al alza- mejoraría el horizonte en Catalunya ni en Euskadi. Sin presupuestos nada induciría a Mariano Rajoy a aprobar vía decreto las inversiones comprometidas con Euskadi -540 millones-. Mucho menos asumir el coste de la mejora de las pensiones y su referencia la IPC en 2019 ni el tiempo ganado para su reforma en el Pacto de Toledo. Catalunya está en disposición de tener un gobierno bajo la presidencia de Quim Torra en los próximos días. ¿Quién asumiría entonces el coste para Euskadi, social y económico, de renunciar a esos logros? El coste de dilapidar la acción política.