EL anuncio por el ministro de Energía, Álvaro Nadal, de “la denegación” de la renovación hasta 2031 del permiso de explotación de la central de Santa María Garoña, cerrada en diciembre de 2012, casi dos años después de los 40 de vida estipulados en su inauguración en 1971, confirma que el Gobierno Rajoy ha usado el proceso de cierre de la central en favor de intereses concretos que afectan y condicionan su política energética. Que Garoña no reúne las condiciones pertinentes esenciales para la prolongación de su vida útil era y es una evidencia incluso en el dictamen del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que en febrero no se oponía a la reapertura, toda vez que estipulaba 10 condiciones y un programa de pruebas como premisas ineludibles que no se han cumplido. Que en esas condiciones era un riesgo potencial se demuestra en que se hubiese convertido en la quinta central más antigua del mundo con tecnología idéntica a la de Fukushima, colapsada en 2011. Que la continuidad de Garoña ni es ni era una prioridad energética se había hecho también evidente en los cinco años transcurridos desde que su producción fue detenida, cuando apenas aportaba el 1% del total estatal. Y que su explotación no era interés prioritario de sus propietarios lo evidenció el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, al cuestionar la viabilidad económica de Garoña y de todo el parque nuclear, oponerse a Endesa, su socio en Nuclenor, propietaria de la planta, y posicionarse contra la reapertura. Sin embargo, Rajoy encargó en enero de 2012 al CSN un informe para eludir el cese de actividad, aprobó ese mismo año un decreto que permitía solicitar la prórroga de actividad y en 2014 otro que abría a las nucleares la opción de renovar el permiso de explotación, medidas encaminadas a aumentar el periodo de vida no ya de Garoña sino de las seis centrales que deben cerrar en diez años mientras trababa con normativa e impuestos la hasta entonces creciente producción de energías renovables. El Gobierno se ha inclinado a esta decisión después de años de presión de las instituciones y la sociedad vascas y coincidiendo con un clima de diálogo con éstas y el grupo vasco. Pero Rajoy mantiene la apuesta nuclear que otros (Francia o Alemania) cuestionan. Y el largo proceso de desmantelamiento mantiene el riesgo de utilización de Garoña como eventual almacén de residuos nucleares, pendiente de ubicar.