EL Gobierno español anunció el pasado viernes una reforma fiscal que, al menos en los términos que se han transmitido a la ciudadanía, más parece un maquillaje de tintes electoralistas cuya eficacia real está por ver y puede ponerse seriamente en cuestión. De momento, las diputaciones vascas ya han advertido de que no tienen intención de que esa "bajada de impuestos" se aplique en Euskadi. Más que las medidas en sí -cuya proporcionalidad es también cuestionable- ha llamado la atención el énfasis del Ejecutivo que dirige Mariano Rajoy y del propio presidente en situar esta reforma como un punto de inflexión en el que situar ya el final de todos los males. El fin de la crisis, en definitiva. Según esta tesis, "ahora" ya es el momento de "volver a la normalidad" después de años de haber pedido "sacrificios" a los ciudadanos. Fue Rajoy el que, el domingo, recalcara que se trataba de una promesa electoral del PP y que ahora es el momento de cumplirla. Su impostada euforia contrasta, una vez más y más allá de las medidas fiscales que quiere implantar, con la percepción general y con la realidad de la calle. El informe presentado por Cáritas solo un día antes del Consejo de Ministros resultaba demoledor por el duro contraste que suponía con el espíritu que pretende dotar el Ejecutivo a la situación general. Lo cierto es que la crisis sigue golpeando con mucha dureza y son sobre todo los colectivos ya más castigados por la pobreza y el paro los que están sufriendo un proceso de mayor marginación aún si cabe. El desempleo, la precariedad y la falta de recursos afectan de manera más intensa a las mujeres solas con menores a su cargo, es decir, las más vulnerables. Según este estudio, los servicios de Cáritas están atendiendo cada vez a más personas -en concreto, en la CAV fueron ya 46.000 el año pasado, 6.000 más que el anterior- y el riesgo de exclusión social e incluso de aislamiento es muy alto. Otro dato fundamental a tener en cuenta es que, en contra de la percepción general, el perfil de los solicitantes de ayudas no es mayoritariamente el de origen inmigrante ya que prácticamente están a la par con los autóctonos (52% frente a 42%). En este contexto, y pese a los indicadores macroeconómicos, la realidad obliga a potenciar los sistemas de protección social y, a medio plazo, a implementar medidas reales de creación de empleo.