Sanfermines 78 Gogoan y Martxoak 3 Elkartea, Asociación Víctimas 3 de marzo, de Vitoria-Gasteiz, presentaron ayer en Pamplona una iniciativa conjunta para que el Estado reconozca su responsabilidad en los crímenes acaecidos en marzo de 1976 en Gasteiz y en julio de 1978 en Iruña, pero también a asesinados en esa dinámica represiva en Tarragona, Basauri y Donostia. En total, nueve personas muertas, además de las heridas y encarceladas.

“El dictador murió hace medio siglo, pero el franquismo no , dejó todo ‘atado y bien atado’ y la violencia de Estado se continuó practicando sistemáticamente con total impunidad. Somos víctimas y testigos de ese franquismo sin Franco”, denuncian ambos colectivos.

Califican los crímenes perpetrados en Vitoria-Gasteiz el 3 de marzo de 1976 y en los Sanfermines de 1978 como “dos grandes heridas abiertas en Euskal Herria. Son la punta del iceberg de una estrategia represiva que torturó y asesinó a cientos de personas”. Ambos colectivos denuncian “el insoportable modelo de impunidad español” y reivindican “verdad, justicia y reparación” además de “garantías de no repetición” para “todas las víctimas de la violencia de Estado”.

Ahora ambas asociaciones se unen “para exigir respuestas al Estado”, acogiéndose a la Ley 20/2022 de Memoria Democrática, la cual, recuerdan, “reconoce el derecho a la reparación moral y a la recuperación de la memoria personal y familiar de quienes padecieron la represión”. Así, han tramitado simultáneamente 39 solicitudes para obtener este reconocimiento, y exigen un “reconocimiento oficial de la responsabilidad principal y directa del Estado en estos crímenes”.

Estas asociaciones recuerdan que la Ley de Memoria Democrática, que aborda lo ocurrido entre 1936 y diciembre de 1978, dice que “los poderes públicos interpretarán la presente Ley de conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos en la materia ratificados por España, sin perjuicio de su aplicación directa cuando correspondiera”.

A su juicio, “resulta obligado reclamar al Estado español el reconocimiento de su responsabilidad principal y directa en la realización de estos crímenes. Por lo tanto, llaman “al Gobierno de España a una declaración oficial en esos términos que incluya un compromiso real para culminar la modificación de la todavía vigente Ley franquista de Secretos Oficiales”. Un paso “imprescindible, pero no definitivo, pues quedan pendientes cuestiones muy importantes como es el acceso real a la Justicia, así como lograr un trato igualitario y sin discriminación alguna, a todos los niveles, para todas las víctimas de graves vulneraciones de derechos humanos”.

Andoni Txasko, herido de gravedad en los sucesos de Vitoria, miembro del colectivo Martxoak 3, considera que hay documentación y “acreditación suficiente como para considerar aquellos hechos delitos de lesa humanidad que ni prescriben ni pueden ser amnistiados”. “Creemos que ahora es el momento, porque muchas personas que no están siendo reconocidas y se nos está negando todo el derecho a la justicia. Es imposible abrir causas judiciales, por lo menos vamos a buscar este resquicio en esa declaración de reconocimiento y reparación y así tener un documento fiable en el cual se reconozca la injusticia de aquello y la responsabilidad del Estado al mando de las fuerzas represivas”. Una estrategia que no excluye la voluntad de enjuiciar a sus “responsables políticos y materiales”. Txasko también destacó que entre las 39 solicitudes hechas hasta el momento han logrado que “las familias de los nueve asesinados (entre Gasteiz, Tarragona, Basauri, Pamplona y Donostia) están integradas dentro de las solicitudes”.

Ley 20/2022

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Reparación moral y memoria

Del artículo 1. “Es objeto de la ley el reconocimiento de quienes padecieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas, de pensamiento u opinión, de conciencia o creencia religiosa, de orientación e identidad sexual, durante el período comprendido entre el golpe de Estado de 18 de julio de 1936, la Guerra de España y la Dictadura franquista hasta la entrada en vigor de la Constitución Española de 1978, así como promover su reparación moral y la recuperación de su memoria personal, familiar y colectiva, adoptar medidas complementarias destinadas a suprimir elementos de división entre la ciudadanía y promover lazos de unión (...)