SI se tiene en cuenta que el Cupo, esto es, la proporción en la que Euskadi contribuye al Estado por competencias no transferidas, IVA, impuestos especiales... es parte esencial del Concierto, que a su vez es parte troncal del sistema foral, cuyos derechos históricos contempla la Constitución de 1978 en su Adicional Primera, y que incluso el Tribunal Constitucional refrendó ya en 1988 que, como "elemento acordado o pactado" implica "garantía institucional de ese régimen, en cuanto que su desaparición supondría un factor esencial para que pudiera reconocerse la pervivencia de la foralidad"; la inacción por el Gobierno que preside Patxi López a la hora de tratar de renovar la Ley Quinquenal de Cupo para el periodo 2012-2016 supera incluso en relevancia las ya importantes discrepancias en el cálculo del mismo. Esto es, cuando la legislatura está prácticamente conclusa y a un mes y diez días de las elecciones del 21-O, el hecho de que el Gobierno López haya cifrado la deuda del Estado en la liquidación del Cupo en 511,1 millones de euros -es decir, casi la totalidad de la partida (546 millones) que los presupuestos de Rajoy contemplaban como la aportación de la CAV en 2012- es ciertamente destacable en un momento de crisis, caída de ingresos y endeudamiento; también porque añade una muesca más a las proverbiales diferencias en la materia con los diversos gobiernos del Estado y muestra que no se trata de discrepancias de raíz ideológica sino de origen contable. Pero no lo es menos la incapacidad de quienes aún dirigen el Ejecutivo vasco para acordar -con el anterior gobierno afín de Zapatero o con el actual de signo contrario de Rajoy- en la Comisión Mixta, según determina la propia Ley del Concierto, el Cupo que ha de regir en el quinquenio en el que ya está inmersa la relación concertada entre la CAV y el Estado español y que más de ocho meses después se siga funcionando, tratando además de darle un barniz de normalidad, con la prórroga del Cupo que se aprobó en 2007, prórroga que la propia Ley del Concierto considera, en su Disposición Final Primera, como algo excepcional. No se trata solo de la afección que el cálculo del Cupo puede provocar en nuestras finanzas públicas, que también, sino de la indiferencia del Gobierno López al dejar pendiente la actualización de la ley que traduce a la práctica económica el autogobierno vasco.