NI siquiera en pleno siglo XXI, con el despliegue de medios tecnológicos y avances científicos que hace nada se hubieran considerado asombrosos e inconcebibles, el hombre es capaz de dominar a la naturaleza que, una y otra vez, se empeña en recordar a las sociedades más desarrolladas su verdadera dimensión. Los ejemplos son variados y han afectado a numerosos países. Cierto. También lo es que en algunos casos el propio desarrollo humano ha incidido en las condiciones del medio natural, alterándolo y favoreciendo nuevas consecuencias no deseadas -como en el caso de las obras del metro en Santurtzi- de fenómenos naturales, incluyendo los meteorológicos. Sin embargo, el hecho de que el progreso no sea suficiente para luchar contra los elementos de la naturaleza una vez desatados, no impide que sí sea efectivo en la prevención y, por tanto, deba ser utilizado para evitar o paliar los efectos de los mismos. Y es ahí donde entra en juego la responsabilidad de quienes gobiernan, no siempre asumida como se demuestra también con numerosos y variados ejemplos. En el caso de las intensas lluvias que han caído en los últimos días sobre Euskadi, especialmente en Gipuzkoa, tanto el viceconsejero de Interior del Gobierno vasco, Raúl Fernández Arroiabe, como el alcalde de Donostia, Juan Karlos Izagirre, han tratado asimismo de evadir esa responsabilidad al compararlas con las que provocaron las trágicas inundaciones de 1983 (34 fallecidos, 5 desaparecidos, 200.000 millones de pesetas en pérdidas). Pero en la propia comparación, ciertamente exagerada -en 1983 llegaron a caer 284 l/m2 en 16 horas y 500 l/m2 en 24 horas, es decir, mucho más del doble de la máxima de 354 l/m2 en 60 horas de este fin de semana- va implícito el reconocimiento de que uno y otro, cada cual en su ámbito de responsabilidad, no utilizaron los medios a su alcance frente a los efectos de una alerta meteorológica que se conocía con antelación suficiente y cuyas consecuencias eran hasta cierto punto predecibles por cuanto las cuencas del Urumea y el Deba ya habían resultado afectadas -en 1992 (140 l/m2 en Donostia en dos horas), 1997 (251 l/m2 en 12 horas) y 1998 (98,2 l/m2 en dos horas)- en distinta proporción en ocasiones anteriores. De hecho, si las consecuencias no han sido más dramáticas se debe, en Gipuzkoa, a las intervenciones de encauzamiento y defensa realizadas al principio de la pasada década (diecisiete entre los años 2001 y 2002); y en Bizkaia a las obras en el Ibaizabal o a las aún parciales y largamente exigidas labores de encauzamiento del río Gobela. La verdadera responsabilidad no radica en trasladarse el día después a los lugares afectados y en elevar la exigencia de declaración de zona catastrófica, sino en la corrección de carencias que ya habían sido detectadas con anterioridad y, en su defecto, en la gestión previa de los recursos para paliar los efectos allí donde esa actuación no ha podido llevarse a cabo.