Compromisos de Gobierno y autogobierno
Las crecientes presiones sobre Zapatero para que adelante las elecciones a otoño sitúan un interrogante, ya conocido si se repasan los incumplimientos de más de tres décadas, sobre las transferencias ya pactadas para la segunda mitad del año
LA decisión de posponer la última parte de la negociación, y por tanto la resolución del traspaso de las ocho competencias pactadas para el segundo semestre de 2010 por el Gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero, a cambio del apoyo en el Congreso a los Presupuestos Generales del Estado del año en curso por el Grupo Vasco de EAJ/PNV, no es ciertamente inesperada, pero plantea un interrogante -por otra parte también conocido- sobre el futuro cumplimiento de lo pactado en el caso de que a la vuelta de agosto Zapatero no pueda seguir encarando las presiones, especialmente las ya descaradas presiones internas, y deba optar por un adelanto electoral de marzo a otoño, aun bajo el pretexto teórico de que cuatro meses no suponen un verdadero recorte en la legislatura. Y todo apunta a que, salvo un inesperado cambio de tendencia económica -en realidad, lo que se espera es que la situación de crisis se agudice aún en el último trimestre del año-, dichas presiones se harán todavía más insistentes, tanto por parte de un Partido Popular que teme cierta relajación de su electorado tras el triunfo aplastante a nivel de Estado en las municipales y las autonómicas del pasado 22-M y que de cualquier modo iniciará su campaña final de acoso y derribo como desde el propio PSOE o, al menos, desde el sector que impulsa a Alfredo Pérez Rubalcaba, quienes consideran que convocar elecciones en noviembre evitaría el desgaste añadido de los malos datos económicos que se auguran para ese último trimestre y minimizaría los daños electorales. La muy tímida recuperación porcentual de voto que quieren adivinar en las encuestas de la mano de la candidatura del reciente ministro de Interior y el hecho de que los socialistas se conformen ya con impedir la mayoría absoluta del PP -Rubalcaba maneja un horizonte de 145 escaños como resultado que le permitiría seguir al mando de la nave socialista y apadrinar la transición-, avalarían esa posibilidad aunque suponga de nuevo la ya comprobada anteposición por los dos partidos de ámbito estatal del interés electoral propio a los intereses generales, a los compromisos adquiridos desde el gobierno y a los principios de autogobierno emanados del Estatuto de Gernika. Porque el adelanto electoral evitaría a Zapatero tener que volver a negociar el apoyo del PNV a los presupuestos para 2012 y, por tanto, cerrar antes la carpeta con los acuerdos de 2011. Siendo esto así y ante la pasividad, una vez más, del Gobierno López; el riesgo de que las transferencias -agencias de viajes, ejecución de legislación sobre productos farmacéuticos, seguro escolar, seguridad privada, ferrocarriles de cercanías, A-68 y un tramo de la A-1, fondo de garantía salarial y crédito y banca- y especialmente las cuatro últimas no terminen de transferirse, parece evidente si se repasan los incumplimientos durante más de tres décadas.