EL Gobierno español aprobó en su consejo del pasado viernes un decreto para la reforma de la negociación colectiva que no ha gustado a nadie. Ni siquiera, a buen seguro, a muchos miembros del propio Ejecutivo de Zapatero y a la militancia socialista. Las medidas contempladas en el decreto pasarán al trámite parlamentario donde los grupos podrán introducir enmiendas, pero, dadas las circunstancias, el Partido Socialista lo tiene muy difícil para concitar acuerdos en esta materia. En realidad, el decreto ley aprobado es fruto del estrepitoso fracaso de la negociación previa -más de cinco meses de aparente diálogo- entre los empresarios y los sindicatos españoles, con exclusión -como ya es habitual- de la mayoría sindical vasca, ausente del mismo. La extrema debilidad del Gobierno Zapatero, más aun tras la debacle socialista en las elecciones municipales y autonómicas en las que el PP triunfó sin paliativos y se consolidó como alternativa más que previsible para los próximos comicios, propició el desencuentro. A la vista de los resultados electorales y de que la economía continúa sumida en una profunda crisis también de confianza en los mercados internacionales, la patronal jugó fuerte a última hora para endurecer la reforma cuando, al menos en apariencia y según los propios interlocutores, se estaba a punto de conseguir un acuerdo. Ante esta situación, el Ejecutivo, empeñado en sacar adelante las medidas, quiso colocarse en un punto intermedio, de equilibrio, entre las partes para aprobar una reforma con base en los términos de ese presunto preacuerdo. El resultado final, sin embargo, no ha satisfecho ni a los empresarios ni a los sindicatos. Y no precisamente porque tenga la virtud de estar en ese punto de equilibrio, sino porque las medidas no han sido lo suficientemente explicadas ni concretadas, están escoradas hacia el endurecimiento que pedía la patronal y aparecen deslabazadas y sin el ímpetu suficiente como para generar consensos y confianzas. Un síntoma más de la precaria situación de Zapatero, que aparece cada vez más como un cadáver político al que no respetan ni los propios. Así las cosas, si el Gobierno no consigue apoyos parlamentarios estaría abocado ya de forma irreversible a la convocatoria de elecciones anticipadas, con todo lo que ello conlleva en forma de repercusión negativa en la situación económica. Visto desde Euskadi, además, el decreto de reforma de la negociación colectiva choca de forma frontal con el ámbito vasco de relaciones laborales, ya que, de hecho, supone una centralización radical de las mismas. No en vano, se eliminan los convenios provinciales en favor de los acuerdos de empresa. Esto significa, de nuevo, obviar e ignorar la distinta realidad socioeconómica que se vive tanto en la CAV como en Nafarroa y un paso más hacia su rotundo fracaso.