LA confirmación por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea con sede en Luxemburgo de la ilegalidad de las rebajas en el impuesto de sociedades y los créditos fiscales introducidos en la década de los 90 en la CAV (las denominadas vacaciones fiscales vascas) supone, incluso si finalmente no tiene un efecto práctico, una muestra más de las consecuencias que pueden derivarse para la sociedad vasca de la incomprensión y hasta la hostilidad que despierta en el Estado español el autogobierno económico e incluso de la ignorancia respecto al mismo y la irresponsabilidad de algunos dirigentes políticos. Porque la decisión del tribunal no puede ocultar que quienes cuestionaron el alcance de la capacidad normativa de las haciendas forales fueron comunidades limítofes como La Rioja o Castilla-León al iniciar por impulsos políticos e ideológicos la vía de los recursos a pesar de no contar con razonamientos económicos que los justificaran por cuanto el ahorro de las vacaciones fiscales para las empresas suponía menos de un 0,2% de sus gastos, es decir, una nimiedad como causa de deslocalización que, además y en todo caso, cuando se produce tiene sobre todo a Madrid como destino. Porque la decisión en ningún caso puede dar pie a que la más alta representación institucional de este país en lugar de apoyar el desempeño foral cuestione su defensa de las propias atribuciones fiscales y al hacerlo haga patente su propio desconocimiento, no exento de desinterés, respecto al marco tributario que emana del Concierto Económico y las características de este en virtud de lo contemplado en el Estatuto de Gernika y la Disposición Adicional primera de la Constitución. Porque aquellos y este, con su actitud, han contribuido y contribuyen a que Europa no comprenda que en el Estado español existen cinco regímenes fiscales -incluido el foral navarro, que curiosamente no ha sido cuestionado ni en el Estado ni en Europa- cuyas leyes debieran tener idéntico rango y, por tanto, la fiscalidad que emana de las mismas no pudiera ser cuestionada por las instituciones europeas. Y porque en el fondo del grave perjuicio a la inversión pública y a la capacidad de servicio a la ciudadanía que puede provocar todo el proceso y, si finalmente se produce, una posible pero impensable multa millonaria, subyace una concepción centralista y limitadora de las especificidades del autogobierno tanto en los órganos estatales como en el actual Gobierno López y, claro, en la propia Comisión Europea, concepción que lleva a esta a considerar "ayuda de Estado" la histórica diversidad fiscal vasca al tiempo que otorgan ayudas indiscriminadas a las entidades bancarias por la crisis, permiten exenciones a multinacionales en Estados miembros de la UE o no intervienen frente a los paraísos fiscales que aún existen en el ámbito de la Unión.