EL descubrimiento en la morgue de Toulouse de un cuerpo que, según fuentes policiales francesas y a falta de las pertinentes pruebas médicas y periciales, sería el de Jon Anza, el miembro de ETA que permanecía en paradero desconocido desde el 18 de abril de 2009, supone, de confirmarse su identidad, el fin de un auténtico drama para su familia y allegados y despeja, aun a costa de acabar con lo que ya era una ínfima esperanza, la incógnita de saber si Anza, gravemente enfermo de cáncer desde hacía dos años, continuaba con vida. Sin embargo, el hallazgo del cadáver obliga a contestar también al resto de las dudas que han rodeado al caso desde que se denunció la desaparición cuando, según confirmó después la propia ETA, Anza se encaminaba a una cita con la dirección al parecer en labores de correo de la estructura dedicada al cobro del impuesto revolucionario. De hecho y según las mismas fuentes policiales que anunciaron ayer el hallazgo del cadáver, Jon Anza habría sido localizado en Toulouse, aún con vida pero "con síntomas de haber sufrido un infarto", el 29 de abril, es decir, once días después de su desaparición y de la cita con la dirección de ETA, convocada para tres días consecutivos y a la que nunca acudió. El paradero de Anza durante esos días supone una, quizás la primera, de las preguntas que exigen respuesta, al igual que el hecho de que no llevara ninguna documentación, ni siquiera falsa, algo inhabitual en los miembros de ETA que se mueven por Francia, o que el cadáver -habría fallecido, siempre según la Policía gala, el 11 de mayo en el centro hospitalario al que fue trasladado- haya permanecido desde entonces en la morgue pese a que la abogada de la familia, Paulus Basurko, presentó en mayo un requerimiento para que la Policía Judicial emprendiera la búsqueda, requerimiento que, en virtud del propio Código Penal francés, debía haber provocado una investigación siquiera preliminar que, a la vista del relato de los hechos, no se produjo o, cuando menos, careció de la diligencia necesaria. Esa falta de presteza, consciente o inconsciente, que habría causado meses de incertidumbre avivada por casos de desapariciones anteriores como las de Popo Larre, Pertur, Naparra o Lasa y Zabala; no puede repetirse una vez se confirme la identidad de Anza. De hacerlo, se volverían a poner en cuestión los procedimientos de los Estados español y francés en la lucha contra el terrorismo y se establecería una duda indeleble sobre el respeto de ambos a los Derechos Humanos cuando los primeros ya causan algo más que recelo y el segundo ya está en discusión tras casos como los citados. Dejar sin esclarecer las causas y circunstancias de la muerte de Anza sólo serviría, además, para proporcionar un asidero de legitimación, siquiera nimia y falsa, a la violencia de ETA precisamente ahora que está abocada a la desaparición.