LA confirmación por parte del presidente del PP, Mariano Rajoy, de que su partido planteará al Gobierno español que preside José Luis Rodríguez Zapatero y al PSOE una reforma legal de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio de Partidos Políticos para impedir que la autodenominada izquierda abertzale pueda presentar listas o candidatos a las próximas elecciones municipales de 2011 o en su defecto para que, si finalmente dichas listas logran representación, ésta les pueda ser retirada; es el primer paso de una estrategia conjunta encaminada a trasladar la sociedad preferente que PSE y PP mantienen en el Gobierno vasco al resto de las instituciones y para la que precisan eliminar de nuevo la representación política de una parte de la sociedad vasca. La reforma, que lógicamente tendría que centrarse en un endurecimiento de los artículos 9, 10 y 11 de la Ley de Partidos y que implicaría asimismo modificar aspectos de la Ley de Bases de Régimen Local, no tiene como fin último, en realidad, impedir únicamente la presencia de miembros de ese sector de la izquierda abertzale en los ayuntamientos -ANV gobierna hoy en 41 municipios de la CAV y Nafarroa- sino forzar una distribución adulterada de la representación política que pueda favorecer la conjunción de fuerzas constitucionalista y la paulatina integración política, social, cultural y económica de Euskadi en la estructura del Estado a través de un ya iniciado proceso uniformador. Sólo desde esa perspectiva se explica la pretensión de endurecer una ley que ya ha sido aplicada a conveniencia -como en el caso de las últimas municipales, en las que se prohibieron o permitieron candidaturas de modo arbitrario- y que ha recibido severas críticas por lo que supone de recorte de los derechos de asociación y representación política, incluidas las de los relatores de la ONU Theo van Boven y Martín Scheinin e incluso las de la hoy vocal del Consejo General del Poder Judicial, Margarita Robles, quien en abril de 2005 ya abogó por su derogación. La concreción de dicho planteamiento, que tendrá además un capítulo previo el jueves con la propuesta del PP para la disolución de los ayuntamientos gobernados por ANV que se debatirá en el Parlamento Vasco, servirá en cualquier caso de excelente radiografía del acuerdo entre populares y socialistas en Euskadi. La extrema dependencia del PP que soportan el PSE y el Gobierno de Patxi López y la autoasumida obligación de publicitar en el Estado el denominado oasis vasco en momentos de penuria del Gobierno Zapatero, necesitado de una imagen de fortaleza que no posee, servirán de base a esa propuesta de reforma que el Estado precisa para reforzar y extender una estrategia que sólo es posible merced a la cobertura que le proporciona la amoral y también irresponsable violencia de ETA.
