EL ataque pirata en aguas de Somalia al atunero Albacan, de la empresa bermeana Albacora, vuelve a hacer patente el peligro que conlleva la actividad marítima y de modo especial la pesquería en aguas del océano Índico, pero también la continuada carencia de prevención y protección con que faenan los arrantzales incluso después de haber embarcado seguridad privada a bordo. Porque el frustrado asalto al atunero, que afortunadamente pudo escapar con sólo daños leves en su estructura, alarma tanto por el hecho en sí como por la falta de diligencia en quienes deberían estar comprometidos con su escolta y tutela. Aun siendo cierto que la operación Atalanta advirtió apenas unas horas antes del incremento de actividad en las bases piratas de la costa somalí, no lo es menos que los propios arran-tzales que faenan en la zona tenían la certeza hace ya días de que los asaltos se recrudecerían en cuanto la situación meteorológica, condicionada por los monzones, mejorase. El aviso de la operación Atalanta, por tanto, llegaba igual de tarde que el anuncio del almirante británico Peter Hudson de que intensificarían la vigilancia de los puertos refugio de los piratas en una extensión de la protección que debía haberse iniciado, como mínimo, unas semanas antes. Algo similar ocurre con la actitud del Ministerio de Defensa que dirige Carme Chacón. Si ya hubo que esperar al dramático secuestro en octubre del Alakrana -47 días en manos de sus asaltantes- para que diera su brazo a torcer y permitiera embarcar seguridad privada en los atuneros toda vez que se negó reiteradamente a destinar militares a dicha labor; sólo este nuevo ataque al Albacan, el undécimo sufrido por la flota atunera vasca desde aquel primer secuestro del Playa de Bakio en 2008, ha llevado a la ministra a anunciar el envío a la zona de otra embarcación de la Armada con cien hombres a bordo para apoyar la reiteradamente denunciada como exigua protección que brindan una fragata y un avión de reconocimiento, únicos medios desplazados por el Estado español al Índico. Esa forma de actuar, siempre a posteriori, se antoja más efecto del temor a la opinión pública que de la preocupación por la seguridad de los atuneros y supone para éstos seguir faenando en una situación de riesgo hasta que la llegada del nuevo patrullero oceánico, dentro de al menos dos semanas, palíe que no remedie las ya evidentes carencias y dificultades de un sistema que se debía haber reforzado con anterioridad. Porque no se trata de que el Albacan repeliera el ataque y siga faenando "con absoluta normalidad", como afirmó ayer la ministra Elena Espinosa, sino de que esa normalidad no incluya el peligro que continúa latente y de que tanto el Estado español como la UE arbitren medidas que, por un lado, refuercen la seguridad ante la piratería y, por otro, colaboren en remediar el extremo subdesarrollo que la origina.