EL domingo se cumplen treinta años de la aprobación en referéndum, con una participación del 58,8% del censo y un 90,3% de votos afirmativos, del Estatuto de Gernika, pero también de su incumplimiento. Tres décadas después, la principal ley que rige el autogobierno en la Comunidad Autónoma Vasca sigue incompleta a consecuencia de la falta de voluntad del Estado, y de sus partidos mayoritarios, traducida en dos acuerdos ajenos a la sociedad vasca y a la voluntad expresada rotundamente por ésta en las urnas aquel 25 de octubre de 1979. Sin haber pasado dos años desde el referéndum, los Pactos Autonómicos de 1981, firmados por el entonces presidente del Gobierno español y líder de UCD, Leopoldo Calvo Sotelo, y el aún líder de la oposición y del PSOE, Felipe González, sólo fueron el inicio de un continuado intento de recorte del autogobierno y de armonización con el resto de las autonomías del Estado que aún perdura. Tuvieron su consecuencia en la fallida Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA) y tras el rechazo del Tribunal Constitucional a la misma, en una revisión que se tradujo en los segundos pactos autonómicos, los de febrero de 1992, entre el ya presidente González y el líder del PP, José María Aznar, de nuevo con el único objetivo de homegeneizar el modelo autonómico. Aquel año, los partidos con presencia en el Parlamento Vasco, incluidos el PP (representado en comisión por Jaime Mayor Oreja y Leopoldo Barreda), cuyo antecesor AP había votado en contra en 1979, y el PSOE (representado por Jesús Eguiguren y Nicolás Redondo) aprobaron el denominado Informe Zubia y la reclamación al Estado de 54 transferencias pendientes. Hoy, diecisiete años después de aquella aprobación, 36 competencias contempladas en el Estatuto de Gernika siguen sin haber sido transferidas, situación que se agrava con la puesta en marcha durante este tiempo por parte de los distintos gobiernos del PP y el PSOE de nueva legislación que mediante decretos y leyes, especialmente los aprobados el año 2000, resta capacidad estatutaria. En ese escenario, la celebración por parte del Gobierno vasco que preside Patxi López de la festividad del Estatuto en el aniversario de su aprobación, así como las enfáticas alusiones, no traducidas en actos, a la reclamación de "todas" las competencias, sólo pueden ser consideras como la tramoya de una teatralización que pretende ocultar la realidad a la sociedad vasca que votó mayoritariamente a favor de la ley. Una tramoya colocada por quienes -socialistas y populares- han impedido durante treinta años el cumplimiento estatutario íntegro y que, sin embargo, no logra ocultar los hechos. Que únicamente 587 personas, el 0,02% de la población de la CAV, se apuntaran a celebrarlo con el Ejecutivo en Ajuria Enea constituye la mejor prueba.