La detención en Arizona del exsecretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida, y la entrega voluntaria de Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas, intensifican las fricciones entre México y Washington por la presunta protección oficial al Cártel de Sinaloa, en una trama que salpica al gobernador con licencia Rubén Rocha.
Las presiones de Washington en el combate al crimen organizado han cobrado fuerza tras conocerse la detención de Gerardo Mérida Sánchez. El exsecretario de Seguridad de Sinaloa y general retirado fue arrestado el pasado 11 de mayo tras cruzar por la Garita de Nogales hacia Arizona desde Hermosillo, Sonora, donde quedó bajo custodia del Servicio Marshall. El caso coincide con una llamada telefónica entre la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y el estadounidense, Donald Trump, calificada por la mandataria como una "cordial y excelente conversación" en la que reafirmaron el trabajo conjunto en seguridad y comercio y acordaron la pronta visita de colaboradores de la Casa Blanca a México.
Mérida ya fue trasladado a Nueva York y compareció el miércoles ante el juzgado del Distrito Sur, donde afronta una posible cadena perpetua por cargos de conspiración para importar narcóticos, posesión de armamento y conspiración para poseer armamento. Washington lo señala como una pieza importante en la causa abierta el 29 de abril contra diez funcionarios de alto nivel vinculados al exgobernador Rubén Rocha Moya, acusados de recibir sobornos millonarios y apoyo electoral a cambio de permitir operar con impunidad a la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa para introducir fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina en EE.UU.
A la captura de Mérida se suma la entrega voluntaria a las autoridades estadounidenses de Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa (2021-2024), según informaron medios nacionales como el periódico Reforma citando fuentes oficiales. Con él, ya son dos los allegados a Rocha detenidos en este marco, aunque reportes extraoficiales mencionan que la detención de Díaz Vega habría ocurrido en Europa y ni las autoridades de EE.UU. ni el Gobierno mexicano han confirmado oficialmente su entrega.
El caso mantiene en vilo la política sinaloense: el gobernador Rocha solicitó licencia temporal el 2 de mayo y un juez federal bloqueó la semana pasada su arresto y extradición. Entre los acusados figuran además el excomandante Juan Valenzuela Millán y el senador Enrique Inzunza. Trump ha asegurado que el país vecino está gobernado por los cárteles y que si México no toma medidas, EE.UU. lo hará, mientras Sheinbaum insiste en que la acusación no cuenta con pruebas contundentes.
