El uso de la fuerza "excesiva y letal" en la represión de las protestas en Irán, la prisión de cientos de personas bajo cargos injustificados y la emisión de sentencias de muerte en juicios sumarios y "gravemente injustos" han marcado el año 2022 en ese país, denunció este jueves la organización Human Rights Watch (HRW) en su informe anual.

La muerte en septiembre de la joven Mahsa Amini bajo la custodia de la policía de la moral iraní por no llevar bien puesto el velo obligatorio desató una oleada de protestas "mayormente pacíficas y a menudo abarrotadas" que, según HRW, fueron reprimidas con "cartuchos, rifles de asalto y armas de fuego".

Sólo hasta noviembre, grupos de derechos humanos investigaban la muerte de al menos 341 manifestantes, incluidos 52 niños.

"Con represión masiva, elecciones no libres, la corrupción y mala gestión aparentes, la autocracia iraní gobierna con lo que le queda: la fuerza bruta", dijo la investigadora de HRW para Irán, Tara Sepehri, en el informe.

En ese sentido, HRW pidió a los países, en especial a aquellos del "sur global", que incrementen su presión a Teherán para que cese en su represión.

En sus intentos de reprimir las protestas, Irán emitió ya 16 condenas a muerte y ejecutó a cuatro personas, pese a los llamamientos internacionales para anular esas sentencias, emitidas en juicios calificados como "farsas" por varias autoridades y organismos internacionales, además de HRW.

Varias de las condenas han sido por el delito de "moharebe" o "enemistad con dios", en su mayoría contra personas acusadas de haber matado a "basijis" -milicianos islámicos- que participaron en la represión de las protestas, aunque también los hay por herir a policías o bloquear calles.

Activistas iraníes denuncian que los juicios se están celebrando a puerta cerrada, en tiempo récord, con confesiones obtenidas bajo tortura y en muchos casos sin abogados presentes.

La ONG denunció que hay más de 15.000 manifestantes bajo custodia, detenidos en prisiones sobrepobladas y sin acceso a un "debido proceso", y sin que las autoridades investiguen "las numerosas acusaciones de tortura o la rutinaria restricción de los detenidos a la asesoría legal".

Entre ellos hay "cientos de defensores de los derechos humanos, activistas, periodistas y abogados detenidos por su disidencia pacífica o por apoyar a las protestas".

Este tipo de represión también se ha dado en Irán en otras protestas vinculadas a huelgas laborales y protestas contra el alza de los precios.

HRW también denunció el incremento del número de ejecuciones vinculadas a delitos relacionados con las drogas (al menos 130).

En este contexto, HRW subrayó que en Irán las mujeres afrontan graves discriminaciones en temas relativos al matrimonio, divorcio, herencia y decisiones sobre la patria potestad, mientras que los casos de feminicidio se están reportando cada vez más sin que haya normas para prevenir los abusos y proteger a las supervivientes.

Doble rasero internacional

Human Rights Watch dejó espacio también a la política internacional en su informe. Tirana Hassan, directora ejecutiva interina de HRW, destacó a EFE que su informe refleja el "cinismo" de numerosos países en la arena internacional y su doble rasero en cuanto a la defensa de los derechos humanos.

"Entre las personas que realmente han sentido ese doble rasero son los refugiados afganos y sirios", destaca Hassan.

Muchos de ellos están obligados a quedarse "sentados en casa, sin derecho a trabajar, sin saber si su visado va a ser revocado o se puede terminar y tendrán que regresar a un lugar en el que ya no se sienten seguros", agregó.

"Es un duro contraste respecto a lo que ha ocurrido en relación a la respuesta de Europa hacia los refugiados ucranianos", sostuvo la responsable de la organización humanitaria.

Mujeres en Afganistán

HRW también denunció que la situación de las mujeres de Afganistán se deterioró drásticamente en 2022 tras la llegada de los talibanes al poder, con prohibiciones que impiden la educación de las niñas, el acceso a las universidad, el trabajo y duras reglas de libertad social.

"Los talibanes han estado más interesados en perseguir a las mujeres y encarcelar a los periodistas que en abordar la crisis económica y humanitaria de Afganistán", apuntó la investigadora de HRW para Afganistán, Fereshta Abbasi.