La Casa Blanca critica el fallo que mantiene la política de deportaciones

La Casa Blanca criticó pero acató este viernes el fallo de un juez que obliga a mantener el Título 42, la política utilizada por Estados Unidos para expulsar a los migrantes indocumentados con el pretexto de la pandemia de la covid-19.

"La Administración no está de acuerdo con el fallo y el Departamento de Justicia ha anunciado que apelará esta decisión", expresó en un comunicado la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre. La secretaria de Prensa reivindicó además que la política sanitaria deben decidirla los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) en lugar de un juez.

No obstante, afirmó que el Gobierno de Joe Biden acatará el fallo mientras no se resuelve la apelación, por lo que "los inmigrantes que intenten ingresar ilegalmente a los Estados Unidos estarán sujetos a expulsión según el Título 42".

El Título 42 es una medida de deportación rápida de indocumentados, amparada en la pandemia, que impusieron los CDC en 2020, durante el mandato de Donald Trump (2017-2021), y que permaneció en vigor bajo la Administración de Biden.

Esa medida implica que Estados Unidos deporta automáticamente a la mayoría de los migrantes indocumentados que llegan a su frontera sur, sin darles la oportunidad de solicitar asilo.

A principios del mes pasado, los CDC anunciaron que el 23 de mayo levantarían esa norma al no existir un riesgo sanitario en la frontera, pero Robert Summerhays, juez de Luisiana, suspendió este viernes la decisión en respuesta a una demanda de varios estados gobernados por republicanos.

La portavoz de Biden afirmó que, a la espera de que se resuelva la apelación del Departamento de Justicia, el Gobierno sigue "planificando" el levantamiento del Título 42.

Explicó que el plan consiste en utilizar en su lugar el proceso de deportación del Título 8, que obliga a las autoridades a trasladar a los indocumentados a centros de detención donde pueden pedir asilo antes de ser expulsados.

El Título 42 ha sido muy criticado por organizaciones defensoras de derechos humanos, mientras que los republicanos pronostican un aumento de cruces fronterizos si se levanta.