El juez Alejandro Abascal ha dado por concluida la investigación del 'caso Soule', sobre un presunto desvío de fondos por parte del expresidente de la RFEF Ángel María Villar, tras rechazar prorrogar la instrucción otros dos meses como pedía la Fiscalía Anticorrupción y la Liga Nacional de Fútbol.

Otros de los investigados, como Victoriano Sánchez Arminio, expresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), y su ex secretario general, Raúl Massó, pidieron al juez directamente el archivo de la causa para ellos, a lo que Abascal responde que este no es el momento procesal oportuno para resolverlo, ya que eso se decidirá cuando dicte los procesamientos

    La petición de prolongar la investigación se basaba fundamentalmente en que el Juzgado Central de Instrucción 1 de la Audiencia Nacional estaba aún a la espera de recibir documentación que podría derivar en la solicitud de nuevas diligencias.

Sin embargo, en su auto, al que ha tenido acceso EFE, el magistrado considera que no se han razonado de forma suficiente los motivos de esa petición, y entiende que no se puede justificar "en estar pendiente de aportación de determinada documentación toda vez que la prórroga tiene por objeto practicar nuevas diligencias", que se deben además precisar debidamente, y no esperar a las ya acordadas.

Al adherirse a la solicitud de la Fiscalía, la Liga Nacional de Fútbol expuso también, según recuerda el auto, que, si bien ya se había recibido el informe de la Intervención General del Estado (IGAE) del que se estaba a la espera, este no aclaraba si ha existido desvío de fondos, "ni cuantifica ese desvío".

Todo ello, lamentaba, "a pesar de que algunos destinos irregulares han sido desvelados y señalados por esta parte en reiteradas ocasiones, con indicación expresa de la localización de los documentos necesarios para su localización", por lo que entiende que debe pedirse a la IGAE uno más exhaustivo.

Ese informe, fechado el 19 de abril y ampliatorio de uno anterior de enero, añadía, tampoco abordaba el destino dado a parte de los fondos de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y otros aspectos que se pidió que quedaran reflejados por lo que entiende que debe pedirse a los peritos de la IGAE que lo completen "en los términos acordados".

En dicho informe, de diez páginas y al que ha tenido acceso EFE, la IGAE concluye que la condición jurídica de beneficiario de la subvención correspondiente al remanente de las quinielas recae en la Liga Nacional de Fútbol Profesional (LNFP) y es esta la que está sujeta el régimen de justificación previsto en la Ley General de Subvenciones.

"La RFEF no ocupa ninguna posición jurídica dentro del entramado de elementos subjetivos de la relación subvencional, por lo que no resultan de aplicación los deberes que la normativa impone a los beneficiarios, de modo que la RFEF no está sujeta a la obligación de justificación, ni al resto de deberes que la Ley General de Subvenciones impone a quien ostenta esa condición".

"En resumen, bajo nuestro criterio, la beneficiaria de la subvención es la LNFP y es esta la que está sujeta al régimen de justificación previsto en la normativa reguladora de las subvenciones públicas", precisa la IGAE.

Entre la documentación que queda pendiente por recibir, las partes que han pedido la prórroga de la instrucción recordaban que se está a la espera aún de la solicitada a la Federación Cántabra de Fútbol, y que debe también ser trasladada a los peritos de la IGAE; y también la que se pidió a la RFEF y que le fue requerida el pasado 4 de abril.

A este respecto, el juez señala que el informe de la IGAE "consta aportado", así como la información requerida a la RFEF, y respecto a la petición a la Federación Cántabra, esta ya ha sido acordado, "distinto que no hay sido ejecutada".