Bilbao - Son malos tiempos para la lírica. Especialmente en el caso del Barakaldo, que corre serio peligro de disolución si en las próximas semanas no encuentra la luz del oscuro túnel en el que se ha metido. La histórica multa que asciende a los 1,1 millones de euros por parte de la Seguridad Social, adelantada por este periódico meses atrás, es el origen de la delicada situación financiera por la que atraviesa la entidad de Ezkerraldea, que afronta un momento muy duro y que, en el supuesto de acentuarse, podría abocar a su desaparición después de 102 años de existencia. El próximo lunes, día 18, la masa social del club aurinegro, dirigido por la Junta Gestora encabezada por Orlando Saiz, está convocada en el polideportivo de Lasesarre a una Asamblea Extraordinaria en la que se debatirá, como primer punto del orden del día, la reformulación de las cuentas del anterior ejercicio que fueron rechazadas por la Asamblea el pasado mes de julio; la situación de la sanción de la Seguridad Social, como segundo asunto; y, como tercero, la situación de la Junta Gestora, que incluso podría presentar su dimisión.

Lo cierto es que la solvencia del Barakaldo está en cuestión a día de hoy. Por ello, el punto segundo de esa Asamblea Extraordinaria guarda una trascendencia enorme, porque desvelará el apuro real que convulsiona al club de la segunda localidad más poblada de Bizkaia. Los números no engañan. Las alegaciones del conjunto fabril a la histórica propuesta de sanción de poco más de 1,1 millones de euros desde la Tesorería estatal (600.000 euros por el fraude detectado desde 2014 y 500.000 euros más de multa por las irregularidades cometidas e impagos) solo generaron una raquítica reducción del castigo de 6.000 euros, por lo que la pena se queda en 1.099.131,24 euros. La Junta Gestora, que recientemente ha sufrido la dimisión de Acacio González, disponía de un mes, hasta el pasado día 4, para plantear un recurso de alzada que no ejecutó ante la imposibilidad de avalar semejante cantidad, ya que, en caso de haberlo interpuesto, el procedimiento sancionador se habría activado de manera automática. El club tiene hasta el próximo día 30 para abonar la deuda, que se rebajaría hasta los 920.471,58 euros si se efectuara el pronto pago. Si no fuera así, la sanción se elevaría al conocido 1,1 millón de euros, cifra a la que habría que añadir un 35% de interés anuales, un lastre aún mayor.

La entidad barakaldarra no está en condiciones de encarar un pago de tal calibre, por lo que los indicios apuntarían a que la Junta Gestora, que el pasado domingo denunció una supuesta agresión a uno de sus miembros minutos después de la disputa del encuentro de liga en Lasesarre frente al Tudelano, propondrá a su masa social la solicitud voluntaria del preconcurso de acreedores al declararse insolvente, con lo se paralizaría de forma automática el proceso sancionador abierto por la Seguridad Social, la multa y el 35% de intereses. Una fórmula similar a la que recurrió el Amorebieta, que un año y medio atrás fue multado por la Tesorería estatal con 206.000 euros, un montante que puso en riesgo la solvencia del club, que solucionó la crisis con un preconcurso de acreedores y un plan de choque que “va bien encauzado”, tal como han expresado en algunas ocasiones los dirigentes de la entidad azulona.

PROCESO CONCURSAL La activación de este preconcurso, denominado antaño como suspensión de pagos, no desactiva la sombra de una futura desaparición de la entidad si esta no corrige su salud financiera. El mismo se pondría en marcha una vez admitido por el correspondiente Juzgado de lo Mercantil, que debería nombrar un administrador concursal, que sería el encargado de la forma de proceder y de negociar con las diferentes partes implicadas una posible quita de la histórica sanción. Un proceso que determinará con el paso del tiempo el futuro del Barakaldo, que corre serio riesgo de disolución si el mismo administrador concursal así lo estimara ante la imposibilidad de hacer frente a las deudas, un desenlace fatal que se quiere evitar.

Una situación casi agónica que llega cuando se debía haber reactivado el proceso de reconversión a Sociedad Anónima Deportiva (SAD) a la que dio el visto bueno la masa social aurinegra, después de que se conociera que un grupo de empresarios locales se comprometía a invertir un millón de euros para aumentar el capital social de la entidad. Aunque las reglas del partido han cambiado desde que se conociera la sanción al club fabril por parte de la Seguridad Social. No en vano, los futuros propietarios del Barakaldo deberían hacer frente a la quita establecida durante el proceso concursal, siempre que este llegara a un posible buen puerto, y al déficit ordinario que podría generar el actual ejercicio. Este grupo de empresarios, tras ser cuestionado por este periódico, no ha querido pronunciarse sobre la situación actual hasta escuchar las explicaciones que exponga la Junta Gestora. De esta manera, la Asamblea Extraordinaria del próximo lunes podría aclarar u oscurecer un poco más el devenir de la entidad de Ezkerraldea. - DEIA