Bilbao - Ángel María Villar había instrumentado un montaje económico para su enriquecimiento personal a través de la compra de voluntades de las diferentes federaciones territoriales, cuyos responsables a cambio también sacaban beneficio para sus intereses. Según los investigadores el montaje tenía similitudes de una verdadera “mafia”, donde se negociaba también con los derechos comerciales de la selección española de fútbol.

Esta es una de las conclusiones a las que llegó la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que investiga lo que considera un saqueo millonario en las arcas de la Federación Española de Fútbol (FEF) consecuencia de las prácticas corruptas en el mandato de Villar. La investigación, entre otras cosas, apunta a un posible perjuicio de al menos 45 millones de euros a las arcas federativas por los negocios de sus responsables, ahora detenidos, y la empresa Santa Mónica Sports.

Los agentes de la UCO aún tienen que analizar la numerosa documentación requisada a distintos organismos, como las federaciones territoriales, porque “hay mucho de lo que tirar”, según señalaron fuentes de la investigación.

De momento, la operación Soule, iniciada hace año y medio, se salda con las detenciones del presidente de la FEF, Ángel María Villar; su hijo Gorka; el vicepresidente de la FEF y presidente de la federación tinerfeña, Juan Padrón, y el secretario de esa federación regional, Ramón Hernández Baussou.

Las sospechas sobre la gestión de los responsables federativos partieron de una auditoría del Consejo Superior de Deportes (CSD), organismo que presentó la querella contra la Federación en 2016.

La deuda de Santa Mónica Esa auditoría reveló que no se había cobrado una deuda de 24 millones de euros contraída por Santa Mónica Sports -empresa presidida por el fallecido Jesús Samper, expresidente de LaLiga y del Murcia- por los derechos audiovisuales de los partidos de la selección. Además, cuando la Federación decidió romper con Santa Mónica, en 2013, habría indemnizado a la empresa con más de 20 millones de euros.

Esas irregularidades habrían sido apreciadas por la auditoría del CSD y, ante la negativa de la Federación a dar explicaciones, el entonces responsable del Consejo, Miguel Cardenal, decidió denunciar los hechos.

Fue el detonante de una investigación de la UCO y la Fiscalía Anticorrupción que el martes se saldó con cuatro arrestos, entre ellos el de Juan Padrón, al que los investigadores otorgan un papel determinante en las prácticas corruptas de la Federación.

Entre ellas, algunas afectarían a las federaciones de Andalucía, Comunidad Valenciana, Baleares, Las Palmas, Tenerife, Extremadura, Ceuta y Melilla, algunos de cuyos presidentes declararon ante la UCO aunque no fueron detenidos.